Sentencias / Judgments

Irish Times 19.7.2008: Irish High Court Decision..Spanish Property

2008-07-22T01:54:00.000-07:00

Subject: Irish Times: 19/07/08: Investor in Spanish Property to be paid : Irish High Court decision (important EU precedent?)

Investor in properties in Spain to be paid €368,000

A HIGH Court action over the handling of a €540,000 investment in Spanish properties came back before the court yesterday when it was told a settlement agreed some months ago had fallen through.
After being told the defendants had defaulted on several payments agreed to be made to Cyril McMorrow under the settlement, Ms Justice Mary Laffoy ordered them to pay the total outstanding amount of €368,000.
The settlement was agreed last April in the action against businessman Karl Morris and three of his companies over financial losses incurred by Mr McMorrow (48), Carrick Road, Boyle, Roscommon, over the investment.
Mr McMorrow sued Mr Morris, with addresses in Milltown, Dublin, and Mill House, Schull, Co Cork; two Irish companies of which he is a director, Simple Palmera Properties Ltd (SPP) and Simple Overseas Property Ltd (SOP); and a Spanish company, Simple Property Group SL (SPG), of which Mr Morris is also a director.
Mr McMorrow claimed that, when deciding to invest in Spanish property in 2004, he was assured he would get frontline beachfront apartments built to a specific size and with storerooms, but this had not happened.
He invested €540,000 for 17 apartments in the confident expectation he would make a profit of some €260,000 when the apartments were resold.
He claimed the conduct of Mr Morris and the companies meant he was unable to complete his investment as agreed and this subjected him to serious financial loss.
He claimed his money was passed to a Spanish builder without his knowledge and that he learned in May 2006 that the block of 17 apartments had been sold to other parties.
The defendants denied the claims and said SPP was involved in the marketing, not the sale, of properties in Spain to Irish investors. SPP had made clear at all times to Mr McMorrow that it was acting as an agent for a Spanish company, Prolacon Mar SL of Granada, Spain, they claimed.
They also claimed Mr McMorrow knew, or should have known, that none of the defendants was the owner, builder or seller of the apartments.
All money received by them were as agents for Palmera Properties SL, which received such money as agents of Prolacon Mar SL, the defendants said.
In April, the court was told the sides had reached an agreement on confidential terms and the case was adjourned for the terms of the settlement to be implemented.
Peter Finlay SC, for Mr McMorrow, yesterday asked that judgment be entered in default because the defendants had not complied with the terms of the agreement. One payment had been made in relation to costs but nothing had been paid to Mr McMorrow, Mr Finlay said.
Dominic Hussey SC, for the defendants, said he was not opposing the application but said his clients had been unable to refinance due to the global credit crisis.
He asked that the judgment order apply only to the outstanding amount of €368,000 as one payment had already been made.

© 2008 The Irish Times

Parcent: Auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia 3 11 2006

2006-11-15T10:47:00.000-08:00

Lo que está en cursiva no lo he trascrito literalmente por ser creo improcedente: Se citan los Ponentes: Carlos Altarriba Cano, Demandante/Recurrente = 21 extranjeros, Procurador/Letrado: María José Bosque Pedros, Demandado/Recurrido: Ayuntamiento de Parcent

AUTO
Iltmos. Sres.:
Presidente:
D. /Dª. EDILBERTO NARBON LAINEZ
Magistrados:
D. /Dª. CARLOS ALTARRIBA CANO
D. /Dª JUAN LUÍS LORENTE ALMIÑANA

En VALENCIA, tres de noviembre de dos mil seis.
Dada cuenta; lo precedente únase, y

HECHOS

ÚNICO.- La parte actora en su escrito iniciador del presente expediente solicita la suspensión del acto administrativo recurrido, por lo que se formó la oportuna pieza separada, ordenando el traslado a la parte demandada a fin de que manifestara lo que tuviera por conveniente, sin formular alegaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La razón de ser de la justicia cautelar en el proceso en general se encuentra en la necesidad de evitar que el lapso de tiempo que transcurre hasta que recae un pronunciamiento judicial firme suponga la pérdida de la finalidad del proceso. Con las medidas cautelares se trata de ASEGURAR LA EFICACIA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCESO, COMO DICE EXPRESIVAMENTE EL Art. 129 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (Ley 29/1998 de 13 de julio, LJC, en adelante), “asegurar la efectividad de la sentencia”. Por ello el periculum in mora forma parte de la esencia de la medida cautelar y el Art. 130 LJCA especifica como uno de los supuestos en que procede la adopción de ésta aquél en que “la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso2. En definitiva, con la medida cautelar se intenta asegurar que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil.
Como señala la STC 218/1994, la potestad jurisdiccional de suspensión como todas las medidas cautelares, responde a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano judicial; esto es, de evitar que un posible fallo favorable a la pretensión deducida quede desprovisto de eficacia. Pero, además, en el proceso administrativo la “justicia cautelar” tiene determinadas finalidades específicas, incluso con trascendencia constitucional, y que pueden cifrarse genéricamente en constituir un límite o contrapeso a las prerrogativas exorbitantes de las Administraciones Públicas, con el fin de garantizar una situación de igualdad, con respecto a los particulares, ante los tribunales, sin la cual sería pura ficción la facultad de control o fiscalización de la actuación administrativa que garantiza el Art. 106.1

SEGUNDO.- Dicho Alto Tribunal nos indica que la decisión sobre la procedencia de las medidas cautelares debe adoptarse ponderando las circunstancias del caso según la justificación ofrecida en el momento de solicitar la medida cautelar, en relación con los distintos criterios que deben ser tomados en consideración según la LJCA y teniendo en cuenta la finalidad de la medida cautelar y su fundamento constitucional.
La decisión sobre la procedencia de la medida cautelar comporta un alto grado de ponderación conjunta de criterios por parte del Tribunal, que según nuestra jurisprudencia puede resumirse en los siguientes términos:

a) Necesidad de justificación o prueba, aun incompleta o por indicios, de aquellas circunstancias que puedan permitir al Tribunal efectuar la valoración de la procedencia de la mediad cautelar. Como señala un ATS de 3 de junio de 1997: “la mera alegación, sin prueba alguna, no permite estimar como probado que la ejecución del acto impugnado (o la vigencia de la disposición impugnada) le pueda ocasionar perjuicios, ni menos que éstos sean de difícil o imposible reparación “. El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que sea suficiente una mera invocación genérica. Debe la Sala indicar que nada al respecto se prueba durante la tramitación de la pieza siendo una invocación genérica la efectuada en el auto apelado.

b) Imposibilidad de prejuzgar el fondo del asunto. Las medidas cautelares tienen como finalidad que no resulte irreparable la duración del proceso. De modo que la adopción de tales medidas no puede confundirse con un enjuiciamiento sobre el fondo del proceso. Como señala la STC 148/1993 “el incidente cautelar entraña un juicio de cognición limitada en el que el órgano judicial no debe pronunciarse sobre las cuestiones que corresponde resolver en el proceso principal” (Cfr. ATS de 20 de mayo de 1993). La resolución de instancia no entra indebidamente en su análisis para denegar la suspensión.

c) El periculum in mora, conforme al artículo 130.1 LJCA: “previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso”. Este precepto consagra el llamado periculum in mora como primer criterio a considerar para la adopción de la medida cautelar. Si bien, ha de tenerse en cuenta que el aseguramiento del proceso, nuevo parámetro esencial, para la adopción de la medida cautelar, no se agota, en la fórmula clásica de la irreparabilidad del perjuicio sino que su justificación puede presentarse, con abstracción de eventuales perjuicios, siempre que se advierta que de modo inmediato puede producirse una situación que haga ineficaz el proceso. Si bien se debe tener en cuenta que la finalidad asegurable a través de las medidas cautelares es la finalidad legítima que se deriva de la pretensión formulada ante los Tribunales.

d) La ponderación de intereses: Intereses generales y de tercero. Conforme al artículo 130. 2 LJC, la medida cautelar puede denegarse cuando de ésta pueda seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada. El criterio de ponderación de los intereses concurrentes es complementario del de la pérdida de la finalidad legítima del recurso y ha sido destacado frecuentemente por la jurisprudencia: “al juzgar sobre la procedencia (de la suspensión) se debe ponderar, ante todo, la emdida en que el interés público exija la ejecución, para otorgar la suspensión, con mayor o menor amplitud, según el grado en que el interés público esté en juego”. Por consiguiente, en la pieza de medidas cautelares deben ponderarse las circunstancias que concurren en cada caso y los interese en juego, tanto los públicos como los particulares en forma circunstanciada, según exige el citado artículo 130.2 LJCA. Como reitera hasta la saciedad la jurisprudencia “cuando las exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión; por el contrario, cuando aquella exigencia es de gran intensidad, sólo perjuicios de elevada consideración podrán determinar la suspensión de la ejecución del acto” (ATS 3 de junio de 1997, entre otros muchos.)

e) La apariencia de buen derecho (fumus bonis iuris) supuso una gran innovación respecto a los criterios tradicionales utilizados para la adopción de las medidas cautelares. Dicha doctrina permite valorar con carácter provisional, dentro del limitado ámbito que incumbe a los incidentes de esta naturaleza y sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva, los fundamentos jurídicos de la pretensión deducida a los meros fines de la tutela cautelar. La LJCA no hace expresa referencia al criterio del fumus bonis iuris, cuya aplicación queda confiada a la jurisprudencia y al efecto reflejo de la LECiv/2000 (, 962 y ) que sí alude a este criterio en el Art. 728. no obstante, debe tenerse en cuenta que la más reciente jurisprudencia hace una aplicación mucho más matizada de la doctrina de la apariencia del buen derecho, utilizándola en determinados supuestos (de nulidad de pleno derecho, siempre que sea manifiesta ATS 14 de abril de 1997 de actos dictados en cumplimiento o ejecución de una disposición general declarada nula, de existencia de una sentencia que anula el acto en una instancia anterior aunque no sea firme; y de existencia de un criterio reiterado de la jurisprudencia frente al que la Administración opone una resistencia contumaz), pero advirtiendo, al mismo tiempo, de los riesgos de la doctrina al señalar que “la doctrina de la apariencia de buen derecho, tan difundida, cuan necesitada de prudente aplicación, debe ser tenida en cuenta al solicitarse la nulidad de un acto dictado en cumplimiento o ejecución de una norma o disposición general, declarada previamente nula de pleno derecho o bien cuando se impugna un acto idéntico al otro ya anulado jurisdiccionalmente, pero no (...) al predicarse la nulidad de un acto, en virtud de causas que han de ser, por primera vez, objeto de valoración y decisión, pues, de lo contrario se prejuzgaría la cuestión de fondo, de manera que por amparar el derecho a la efectiva tutela judicial, se vulneraría otro derecho, también fundamental y recogido en el propio artículo de la Constitución, cual en el derecho al proceso con las garantías debidas de contradicción y prueba, porque el incidente de suspensión no es trámite idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito (AATS 22 de noviembre de 1993 y 7 de noviembre de 1995 y STS de 14 de enero de 1997, entre otros).

TERCERO.- Pues bien desde los presupuestos doctrinales expuestos debe prosperar la petición formulada, en su sía por la recurrente, porque del incidente de suspensión cautelar demuestra cuando menos deos elementos altamente significativos:

a).- Uno de ellos, es el Informe del consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana, de fecha 08.06.2005, que a modo de conclusión sienta la siguiente, “que procede que la alcaldía de Parcent tenga por ineficaz desde su inicio la tramitación del procedimiento simplificado a que se refiere la consulta, por infracción del artículo 48 de la LRAU.”
Y ello es así, porque se ha prescindido de remitir aviso a todos los titulares catastrales de los terrenos comprendidos en la Unidad de Actuación, sobre la que incide la alternativa técnica propuesta.
De otra parte, como pone de manifiesto el informe, se ha prescindido del procedimiento legalmente establecido, faltando trámites esenciales del procedimiento de aprobación y adjudicación de los programas para el desarrollo de las actuaciones integradas.

b).- De otra parte a través del programa se intenta ordenar una superficie de 1.019.861 m2, y posibilitar la edificación de 1.496 viviendas, lo que desde luego es excesivo para este tipo de instrumento, ya que una actuación de tal naturaleza exigiría una instrumentación de carácter más general, donde pudieran ponderarse las necesidades integrales del municipio, y su sostenible desarrollo. Basta pensar que se trata de un municipio de poco más de 1000 habitantes, y la actuación cuando menos pretende integrar una población que duplica este número.

CUARTO.- Y por todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo, de la ley Reguladora de esta jurisdicción, procede acordar como se hace en la parte dispositiva de esta resolución.

QUINTO.??? - No se aprecian mexxxxx que xxxx xxxxxxxxxxxxx 139 LJ, un especial xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx derivadas de la tramitación de la presente xxxxxxxxxxx suspensión.

PARTE DISPOSITIVA

La Sala, acuerda suspender sin necesidad de prestar fianza el acto administrativo recurrido adoptado en Sesión Plenaria??? del Ayuntamiento de Parcent, de fecha 31.01.2006 por la que se acuerda la aprobación del programa de Actuación Integrada para el desarrollo del sector “El Repla” de las Normas Subsidiarias y, la selección como agente urbanizador a la mercantil “Terra de L’Horta SL”.
Está resolución no es firme y, contra la misma cabe recurso de súplica, que deberá interponerse en el término de cinco días a contar contra desde el siguiente al de la notificación.

Lo acuerdan manda y firman los Ilmos. Srs. Magistrados anotados al margen.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo mandado y paso a notificar.

Portal del medioambiente: 23/03/06: Unión Europea obliga declaraciones medioambientales

2006-03-23T00:38:00.000-08:00

El tribunal de la UE obliga a que las obras en ciudades pasen declaración
medioambiental
22 mar (El País)
El Tribunal de Justicia de la UE ha condenado a España por no realizar la
evaluación de impacto ambiental de Kinépolis, un centro de ocio en Paterna
(Valencia). Esta sentencia sienta jurisprudencia que podría ser tenida en
cuenta en las reclamaciones que la remodelación de la M-30 tiene pendientes
en Bruselas. La portavoz municipal de IU, Inés Sabanés, ha calificado de
"óptimo precedente para el caso de las obras de la M-30" que el tribunal
haya reprobado la exención de impacto ambiental argumentando que las obras
de Valencia se realizaban en una ciudad.

El fallo del Tribunal Europeo señala que al excluir del análisis de impacto
los proyectos de zonas urbanas no se ha adaptado correctamente a la
legislación española la normativa comunitaria. Las autoridades españolas
habían argumentado que como el centro de ocio, considerado el segundo
complejo de cines más grande de Europa, con una afluencia semanal de más de
60.000 personas, se construyó en suelo urbano, el impacto sobre el medio
ambiente no podía ser importante.

El Tribunal Europeo, que condena a los Estados y no a Gobiernos autónomos,
desestima este argumento y da la razón a la Comisión Europea argumentando
que no podían excluirse las repercusiones medioambientales que el gran
complejo de ocio podría acarrear.

"Los argumentos esgrimidos por esta institución se ajustan a los defendidos
por IU frente al atropello de las obras de la M-30 en el sentido de que el
tribunal concluye que el hecho de considerar ámbito urbano una zona no es
razón suficiente para liberar al proyecto del requisito de la evaluación de
impacto medioambiental", según señaló la concejal Inés Sabanés al conocer el
fallo.

Reproches

En concreto, en las conclusiones del informe europeo -referido en concreto a
la construcción de un centro de ocio en Paterna- se dice de manera literal
que "la tesis que defiende el Gobierno español de que en las zonas urbanas
el impacto ambiental de los proyectos de urbanización es prácticamente
inexistente tampoco puede ser acogida en vista de la lista de factores que
pueden verse afectados directa o indirectamente por los proyectos a los que
se refiere la Directiva 85/337 modificada".

La comisión alega que el Gobierno español "no ha adoptado ninguna medida
destinada a comprobar si el proyecto de construcción del centro de ocio en
Paterna podía tener repercusiones importantes en el medio ambiente, en
particular debido a su naturaleza, dimensión o localización".

La concejal Sabanés destacó ayer los paralelismos existentes y valoró de
"manera muy positiva que sea una sentencia con carácter firme en la que se
recojan aspectos tan similares a los de la M-30, ya que, si hablamos de
dimensión de obra, no hay ninguna comparable en Europa y desde luego tan
destructiva para el medio ambiente".

Los grupos de la oposición -PSOE e IU-, los ecologistas y los vecinos están
pendientes de que la UE se pronuncie en los próximos días sobre la
remodelación de la M-30 que está haciendo el equipo de gobierno encabezado
por el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

El diputado socialista Carlos Carnero solicitó hace un mes a la Comisión de
Peticiones de la UE que se pronuncie sobre si es necesaria una declaración
de impacto ambiental para las obras de la M-30. Por su parte, IU aguarda que
la UE ponga fecha a la visita de una delegación de inspectores a las obras
de la autovía de circunvalación.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA, LUXEMBURGO - «Incumplimiento de España – Evaluacion del impacto ambiental de proyectos...

2006-03-16T08:57:00.000-08:00

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
de 16 de marzo de 2006 (*)

«Incumplimiento de Estado – Directiva 85/337/CEE en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE – Evaluación del impacto ambiental de proyectos – Interacción entre los factores susceptibles de ser afectados directa o indirectamente – Obligación de publicación de la declaración de impacto – Evaluación limitada a los proyectos de urbanización fuera de las zonas urbanas – Proyecto de construcción de un centro de ocio en Paterna»

En el asunto C‑332/04, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 28 de julio de 2004, Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. G. Valero Jordana y la Sra. F. Simonetti, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,parte demandante, contra Reino de España, representado por el Sr. M. Muñoz Pérez, en calidad de agente, que designa domicilio en Luxemburgo,
parte demandada,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. A. Borg Barthet y U. Lõhmus (Ponente), Jueces;
Abogado General: Sra. C. Stix-Hackl;
Secretario: Sr. R. Grass;
habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9; en lo sucesivo, «Directiva 85/337 inicial»), en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 (DO L 73, p. 5) (en lo sucesivo, «Directiva 85/337 modificada»), así como de esta última Directiva:
– al no haber adaptado el Derecho español de forma completa al artículo 3 de la Directiva 85/337 modificada;
– al no haber adaptado el Derecho español al artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337 modificada;
– al no haber cumplido el régimen transitorio establecido por el artículo 3 de la Directiva 97/11;
– al no haber adaptado el Derecho español de manera correcta al punto 10, letra b), del anexo II de la Directiva 85/337 modificada, en relación con los artículos 2, apartado 1, y 4, apartado 2, de dicha Directiva, y
– al no haber sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto de construcción de un centro de ocio en Paterna, y, consiguientemente, al no haber aplicado lo dispuesto en los artículos 2, apartado 1, 3, 4, apartado 2, 8 y 9 de la Directiva 85/337 modificada.

2 El Reino de España solicita la desestimación del recurso y la condena en costas de la Comisión.
Marco jurídico
Normativa comunitaria

3 El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 85/337 modificada dispone:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan al requisito de autorización de su desarrollo y a una evaluación con respecto a sus efectos. Estos proyectos se definen en el artículo 4.»

4 El artículo 3 de la Directiva 85/337 modificada establece:
«La evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y evaluará de forma apropiada, en función de cada caso particular y de conformidad con los artículos 4 a 11, los efectos directos e indirectos de un proyecto en los siguientes factores:
– el ser humano, la fauna y la flora,
– el suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje,
– los bienes materiales y el patrimonio cultural,
– la interacción entre los factores mencionados en los guiones primero, segundo y tercero.»

5 Los dos artículos citados se aplican a los proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337 modificada. En el punto 10, letra b), del anexo II de esta Directiva se recogen los proyectos de urbanizaciones, incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos.

6 A tenor del artículo 4 de la Directiva 85/337 modificada:
«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2, los proyectos enumerados en el Anexo I serán objeto de una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2, por lo que respecta a los proyectos enumerados en el Anexo II, los Estados miembros determinarán:
a) mediante un estudio caso por caso, o
b) mediante umbrales o criterios establecidos por el Estado miembro,
si el proyecto será objeto de una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10.
Los Estados miembros podrán decidir la aplicación de ambos procedimientos contemplados en las letras a) y b).

3. Cuando se examine caso por caso o se establezcan umbrales o criterios a los efectos del apartado 2, se tendrán en cuenta los criterios pertinentes de selección establecidos en el Anexo III.
[…]»
7 El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 85/337 modificada enumera la información que el promotor debe proporcionar. Esa información debe contener como mínimo:
«– una descripción del proyecto que incluya información sobre su emplazamiento, diseño y tamaño,
– una descripción de las medidas previstas para evitar, reducir, y, si fuera posible, compensar, los efectos adversos significativos,
– los datos requeridos para identificar y evaluar los principales efectos que el proyecto pueda tener en el medio ambiente,
– una exposición de las principales alternativas estudiadas por el promotor y una indicación de las principales razones de su elección, teniendo en cuenta los efectos medioambientales,
– un resumen no técnico de la información mencionada en los guiones anteriores».
8 El artículo 6, apartado 2, de la Directiva 85/337 modificada determina lo siguiente:
«Los Estados miembros velarán por que toda solicitud de autorización así como las informaciones recogidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 sean puestas a disposición del público interesado en un plazo razonable a fin de dar al público interesado la posibilidad de expresar su opinión antes de que se conceda la autorización.»

9 El artículo 8 de la Directiva 85/337 modificada tiene el siguiente tenor:
«Los resultados de las consultas y la información recogida en virtud de los artículos 5, 6 y 7 deberán tomarse en consideración en el procedimiento de autorización de desarrollo del proyecto.»

10 En virtud del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337 modificada:
«Cuando se haya tomado la decisión de conceder o denegar la autorización de desarrollo del proyecto, la autoridad o autoridades competentes informarán de ello al público con arreglo a las modalidades apropiadas y pondrán a su disposición lo siguiente:
– el contenido de la decisión y las condiciones que lleve aparejadas,
– las principales razones y consideraciones en las que se ha basado su decisión,
– una descripción, cuando sea necesario, de las principales medidas para evitar, reducir y, si es posible, compensar los principales efectos negativos.»

11 El artículo 3 de la Directiva 97/11 dispone:
«1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 14 de marzo de 1999. […]
[…]
2. Si una solicitud de autorización hubiere sido presentada a una autoridad competente antes del plazo fijado en el apartado 1, seguirán aplicándoseles las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE antes de la presente modificación.»
Normativa nacional
12 El ordenamiento jurídico español fue adaptado a la Directiva 85/337 inicial por medio del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE nº 155, de 30 de junio de 1986, p. 23733). Las disposiciones de ejecución de este Real Decreto Legislativo fueron aprobadas mediante el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre (BOE nº 239, de 5 de octubre de 1988, p. 28911).

13 Con la finalidad de garantizar la adaptación del Derecho español a la Directiva 97/11, el Real Decreto Legislativo 1302/1986 fue modificado en dos ocasiones: mediante el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre (BOE nº 241, de 7 de octubre de 2000, p. 34608), y, más tarde, mediante la Ley 6/2001, de 8 de mayo (BOE nº 111, de 9 de mayo de 2001, p. 16607) (en lo sucesivo, «Real Decreto Legislativo 1302/1986 modificado»).

14 De acuerdo con el artículo 2, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 1302/1986 modificado:
«Los proyectos que, según el artículo 1 del presente Real Decreto Legislativo, hayan de someterse a evaluación de impacto ambiental deberán incluir un estudio de impacto ambiental que contendrá, al menos, los siguientes datos:
[...]
c) Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico.
[...]»

15 Según el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1302/1986 modificado:
«1. Con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización o, en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de que se trate, el órgano competente remitirá el expediente al órgano ambiental, acompañado, en su caso, de las observaciones que estime oportunas, al objeto de que éste formule una declaración de impacto, en la que determine las condiciones que deban establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos naturales.
2. En el supuesto de discrepancia entre ambos órganos, resolverá, según la Administración que haya tramitado el expediente, el Consejo de Ministros o el órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o, en su caso, el que dicha Comunidad haya determinado.
3. La declaración de impacto se hará pública en todo caso.»

16 De acuerdo con el artículo 18, apartados 1 y 2, del Real Decreto 1131/1988:
«1. La Declaración de Impacto Ambiental determinará, a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el proyecto y, en caso afirmativo, fijará las condiciones en que debe realizarse.
2. Las condiciones, además de contener especificaciones concretas sobre protección del medio ambiente, formarán un todo coherente con las exigidas para la autorización del proyecto; se integrarán, en su caso, con las previsiones contenidas en los planes ambientales existentes; se referirán a la necesidad de salvaguardar los ecosistemas y a su capacidad de recuperación.»

17 A tenor del artículo 19 del Real Decreto 1131/1988:
«En el plazo de los treinta días siguientes a la recepción del expediente a que se refiere el artículo 16, la Declaración de Impacto Ambiental se remitirá al órgano de la Administración que ha de dictar la resolución administrativa de autorización del proyecto.»

18 La disposición transitoria única del Real Decreto-ley 9/2000 dispone:
«El presente Real Decreto-ley no se aplicará a los proyectos privados que a su entrada en vigor se encuentren en trámite de autorización administrativa.
Asimismo, no se aplicará a los proyectos públicos que hayan sido ya sometidos a información pública ni a los que, no estando obligados a someterse a dicho trámite, hayan sido ya aprobados.»

19 La Ley 6/2001 contiene la misma disposición transitoria.

20 El anexo I, grupo 9, letra c), número 3, del Real Decreto Legislativo 1302/1986 modificado recoge, entre los proyectos que han de ser sometidos a una evaluación de impacto, aquellos que «se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar» y, especialmente, «proyectos de urbanizaciones y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas y construcciones asociadas, incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos».

21 El anexo II, grupo 7, letra b), del Real Decreto Legislativo 1302/1986 modificado menciona, entre los proyectos que han de ser sometidos a una evaluación de impacto, los «proyectos de urbanizaciones y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas y construcciones asociadas, incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos (proyectos no incluidos en el anexo I)».
Procedimiento administrativo previo

22 El presente recurso trata de dos expedientes por incumplimiento que la Comisión abrió en 2001 contra el Reino de España. El primero, registrado con la referencia nº 2001/2210, tenía por objeto examinar la conformidad de las disposiciones nacionales de adaptación a la Directiva 85/337 modificada. En el segundo, con la referencia nº 2001/2257, se pretendía comprobar si ese Estado miembro había aplicado correctamente las disposiciones de dicha Directiva al decidir que era innecesario someter a una evaluación de impacto ambiental el proyecto de construcción de un centro de ocio en Paterna.

23 En el marco del procedimiento por incumplimiento nº 2001/2210, la Comisión remitió el 21 de diciembre de 2001 un escrito de requerimiento al Estado miembro de que se trata. Las autoridades españolas respondieron a este escrito mediante una carta de 27 de marzo de 2002, en la que afirmaban que el ordenamiento jurídico interno había sido adaptado correctamente a la Directiva 85/337.

24 No satisfecha con las explicaciones proporcionadas por el Reino de España, la Comisión le envió el 11 de julio de 2003 un dictamen motivado instando a este Estado miembro a adoptar las medidas necesarias para ajustarse a dicho dictamen en un plazo de dos meses a partir de la notificación del mismo. El 16 de julio de 2003, el Reino de España solicitó a la Comisión una prórroga de un mes para responder, la cual no le fue acordada. No hubo respuesta al dictamen motivado.

25 En el marco del procedimiento por incumplimiento nº 2001/2257, la Comisión dirigió, el 13 de diciembre de 2001, a las autoridades españolas un escrito en el que les instaba a comunicarle sus observaciones sobre los hechos denunciados. El 23 de enero de 2002, estas autoridades remitieron a la Comisión un informe elaborado por la Comunidad Autónoma Valenciana en el que se declaraba que el proyecto de centro de ocio no requería ser sometido a una evaluación de impacto ambiental de conformidad con lo dispuesto en la legislación en vigor en esta Comunidad Autónoma, basándose en que iba a ser construido en una zona urbana que no estaba incluida en ninguna de las zonas sensibles referidas en el anexo I, grupo 9, letra c), número 3, del Real Decreto Legislativo 1302/1986 modificado, ni en el anexo II, grupo 7, letra b), del mismo.
26 Tras analizar la información recibida, la Comisión consideró que se habían aplicado incorrectamente las disposiciones de los artículos 2, apartado 1, 3 y 4, apartado 2, de la Directiva 85/337 modificada, en relación con las disposiciones del punto 10, letra b), del anexo II y las del anexo III, así como los artículos 8 y 9 de la misma Directiva, en la medida en que no se había determinado la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto previsto en los artículos 5 a 10 de la Directiva citada.

27 Por consiguiente, mediante escrito de requerimiento de fecha 18 de julio de 2002, la Comisión instó al Gobierno español a presentar sus observaciones a ese respecto en un plazo de dos meses.

28 Al no haber recibido respuesta alguna a este escrito, la Comisión emitió, el 19 de diciembre de 2002, un dictamen motivado en el que instaba al Reino de España a adoptar, en un plazo de dos meses a partir de la notificación del mismo, las medidas necesarias para ajustarse a él. El 24 de febrero de 2003, las autoridades españolas respondieron señalando que no se había vulnerado lo dispuesto en el punto 10, letra b), del anexo II de la Directiva 85/337 modificada.

29 Considerando que la información transmitida por las autoridades españolas demostraba que el Derecho español no había sido adaptado correctamente a ciertas disposiciones de la Directiva 85/337 modificada, la Comisión decidió interponer el presente recurso.

Sobre el recurso
30 En apoyo de su recurso, la Comisión invoca cinco motivos, basados respectivamente:
– en la adaptación incompleta del Derecho español al artículo 3 de la Directiva 85/337 modificada;
– en la omisión de adaptación del Derecho español al artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337 modificada;
– en el incumplimiento del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 97/11;
– en la incorrecta adaptación del Derecho español al punto 10, letra b), del anexo II de la Directiva 85/337 modificada, en relación con los artículos 2, apartado 1, y 4, apartado 2, de dicha Directiva, y
– en la omisión de evaluación de impacto ambiental del proyecto de construcción de un centro de ocio en Paterna.
Sobre el primer motivo, basado en la adaptación incompleta del Derecho español al artículo 3 de la Directiva 85/337 modificada

31 La Comisión sostiene que, a pesar de que el artículo 2, apartado 1, letra c), del Real Decreto Legislativo 1302/1986 modificado incorpora casi todo el contenido del artículo 3 de la Directiva 85/337 modificada, no menciona la interacción entre los factores enumerados en los guiones primero a tercero de este artículo 3, como dispone su cuarto guión. Asimismo, el artículo 9 del Real Decreto 1131/1988 no establece, en su opinión, una obligación de tener en cuenta la interacción entre todos los factores mencionados en dicho artículo 3, pese a que dicha obligación debía estar recogida de manera expresa en la legislación española para que se imponga claramente a los distintos agentes y autoridades.

32 El Gobierno español considera que la mención de la evaluación de los efectos previsibles directos e indirectos del proyecto controvertido, que se establecía ya desde la redacción original del artículo 2, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 1302/1986, hacía alusión precisamente a esa interacción entre todos los factores que han de tenerse en cuenta en la declaración de impacto ambiental, por ello el artículo 7 del Real Decreto 1131/1988, que debía servir de norma de ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, señala como contenido necesario del estudio de impacto ambiental el «inventario ambiental y [la] descripción de las interacciones ecológicas o ambientales claves».

33 Con carácter preliminar, procede señalar que el artículo 3 de la Directiva 85/337 modificada se refiere al contenido de la evaluación de impacto ambiental, que comprende una descripción de los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los factores enumerados en los tres primeros guiones de ese artículo y la interacción entre ellos. Corresponde a la autoridad medioambiental competente realizar tal evaluación.

34 Respecto a la legislación española, procede declarar, por una parte, que el artículo 2, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 1302/1986 modificado no menciona la interacción entre los factores enumerados en los guiones primero a tercero del artículo 3 de la Directiva 85/337 modificada.

35 Por otra parte, el artículo 7 del Real Decreto 1131/1988 establece la lista de documentos que debe incluirse en el estudio de impacto ambiental cuya realización corresponde al promotor, entre los que figuran un inventario ambiental que no se menciona en las informaciones exigidas en virtud del artículo 5, apartado 3, de la Directiva 85/337 modificada. Este documento, cuyo contenido se especifica en el artículo 9 de dicho Real Decreto, debe contener efectivamente una descripción de las interacciones ecológicas y medioambientales clave.

36 No obstante, si bien es cierto que el inventario ambiental tiene por objeto describir el estado del lugar en el que vaya a construirse el proyecto, así como las condiciones ambientales, incluidas las interacciones ecológicas clave, no evalúa, sin embargo, el impacto del proyecto en los diferentes factores ambientales expresamente citados en el artículo 3 de la Directiva 85/337 modificada y la interacción entre ellos.

37 Por consiguiente, las disposiciones de Derecho nacional invocadas por el Gobierno español no garantizan que la autoridad administrativa competente efectúe la evaluación del impacto de un proyecto sobre la interacción entre los factores ambientales enumerados en el artículo 3 de la Directiva 85/337 modificada.

38 Consta que, como alega acertadamente la Comisión, aun suponiendo que exista una práctica administrativa de evaluación de tal interacción, ello tampoco permite considerar que se haya adaptado correctamente el Derecho interno al artículo 3 de la Directiva 85/337 modificada. En efecto, según jurisprudencia reiterada, la adaptación del ordenamiento jurídico interno a una directiva debe efectuarse mediante disposiciones que puedan crear una situación suficientemente precisa, clara y transparente para permitir que los particulares conozcan sus derechos y obligaciones (véanse, en especial, en este sentido, las sentencias de 30 de mayo de 1991, Comisión/Alemania, C‑361/88, Rec. p. I‑2567, apartado 24; de 7 de noviembre de 1996, Comisión/Luxemburgo, C‑221/94, Rec. p. I‑5669, apartado 22, y de 13 de septiembre de 2001, Comisión/España, C‑417/99, Rec. p. I‑6015, apartado 38).

39 Por último, el Reino de España alega que el artículo 127, apartado 1, de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre (BOE nº 313, de 31 de diciembre de 2003, p. 46874), modificó, con anterioridad a la interposición del recurso de la Comisión, el artículo 2, apartado 1, letra c), del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de forma que, actualmente, este precepto establece expresamente que la evaluación de impacto ambiental debe atender también a la interacción entre todos los factores enumerados en el artículo 3 de la Directiva 85/337 modificada.

40 A este respecto, basta con recordar que, según jurisprudencia reiterada, la existencia de un incumplimiento debe ser determinada en función de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al final del plazo fijado en el dictamen motivado y los cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tenidos en cuenta por el Tribunal de Justicia (véanse, en particular, las sentencias de 30 de enero de 2002, Comisión/Grecia, C‑103/00, Rec. p. I‑1147, apartado 23; de 30 de mayo de 2002, Comisión/Italia, C‑323/01, Rec. p. I‑4711, apartado 8, y de 15 de septiembre de 2005, Comisión/Alemania, C‑372/03, Rec. p. I-0000, apartado 51).

41 Pues bien, en el presente caso, es preciso declarar que al término del plazo señalado en el dictamen motivado, enviado el 11 de julio de 2003, no se habían adoptado las medidas necesarias para garantizar la correcta adaptación del Derecho interno a la Directiva 85/337 modificada, en particular, al artículo 3, cuarto guión, de dicha Directiva.

42 En estas circunstancias, procede considerar fundado el primer motivo formulado por la Comisión en apoyo de su recurso.
Sobre el segundo motivo, basado en la omisión de adaptación del Derecho español al artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337 modificada

43 En apoyo de este motivo, la Comisión sostiene que, aun cuando desde su adopción en 1986, el Real Decreto Legislativo 1302/1986 impone, por un lado, en su artículo 3, apartado 1, la obligación de someter el estudio de impacto ambiental a información pública y, por otro, en su artículo 4, apartado 3, la de hacer pública la declaración de impacto ambiental, ese mismo Real Decreto Legislativo no exige, sin embargo, la publicación de la decisión de conceder o denegar la autorización de la obra de que se trate. Pues bien, lo que precisamente impone el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337 modificada es la comunicación pública de tal resolución.
44 Según el Gobierno español, el artículo 2 de la Directiva 85/337 modificada implica un sistema como el contenido en el conjunto del Real Decreto Legislativo 1302/1986, en el que, con carácter previo a que la autoridad competente autorice la ejecución del proyecto, la autoridad ambiental debe pronunciarse sobre el impacto ambiental que el proyecto producirá, así como sobre las condiciones que lleve aparejadas para una adecuada protección del medio ambiente. El demandado niega que la autorización de desarrollo del proyecto, mencionada en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337 modificada, pueda asimilarse, como pretende la Comisión, a la autorización del proyecto por el órgano competente.

45 De los documentos aportados ante el Tribunal de Justicia se desprende que, en virtud del artículo 18, apartado 1, del Real Decreto 1131/1988, la declaración de impacto ambiental determina, a los solos efectos ambientales, la conveniencia de realizar el proyecto y fija las condiciones que lleva aparejadas. La administración competente en materia de protección del medio ambiente formula tal declaración y, con arreglo al artículo 19 de dicho Real Decreto, la remite al órgano administrativo responsable de la concesión o denegación de la autorización del proyecto; en caso de discrepancia, la resolución es adoptada por un órgano superior.

46 El mero hecho de que se haya revelado necesario, a ojo del legislador español, organizar en varias etapas, ante las diferentes administraciones públicas, el procedimiento de autorización de un proyecto que pueda tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, no es en sí mismo criticable desde la perspectiva del Derecho comunitario. Sin embargo, la publicidad de la declaración de impacto elaborada por la administración competente en materia de medio ambiente no puede justificar la falta de publicidad de la resolución por la que se autoriza o se deniega la ejecución del proyecto, impuesta por el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337 modificada.

47 El Gobierno español alega, asimismo, que el artículo 9 de la Directiva 85/337 modificada debe ser interpretado tomando en consideración el resto de disposiciones, en particular, el artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva, a tenor del cual el legislador comunitario diferencia claramente entre la «autorización» del proyecto, y la «autorización de su desarrollo», de manera que la primera no puede otorgarse sin que previamente se haya sometido el proyecto a la segunda. Arguye que si la autorización de desarrollo del proyecto, cuya publicidad exige el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337 modificada, debe coincidir con la autorización del proyecto por el órgano competente, es ilógico que el artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva exija que la «autorización» del proyecto vaya precedida de la «autorización de su desarrollo».

48 Tampoco cabe acoger este argumento, que se apoya en una lectura errónea del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337 modificada.

49 En efecto, contrariamente a la tesis sostenida por el Gobierno español, la Directiva 85/337 modificada no pretende distinguir entre la autorización del proyecto y la autorización de desarrollo del proyecto. Tanto del tenor de esta Directiva como de su contexto y de los objetivos que persigue resulta que las dos expresiones se refieren al mismo acto administrativo.

50 Si bien es exacto que, en las versiones lingüísticas inglesa y española de la Directiva 85/337 modificada, el artículo 2, apartado 1, contiene dos expresiones diferentes, de forma que impone a los Estados miembros la obligación de adoptar las disposiciones necesarias para que, antes de concederse la «autorización» («consent» en la versión inglesa), los proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones o localización, se sometan al requisito de «autorización de su desarrollo» («development consent» en la versión inglesa), no sucede así con todas las demás versiones lingüísticas.

51 Así, varias versiones lingüísticas utilizan un único y mismo término para designar un concepto que en inglés y en español se traduce con dos expresiones diferentes. En la versión francesa figura únicamente el término «autorisation»; asimismo, en la portuguesa, «aprovação»; en la finesa, «lupa»; en la sueca, «tillstånd»; en la neerlandesa, «vergunning»; en la alemana, «Genehmigung»; en la italiana, «autorizzazione»; en la danesa, «tilladelse», y en la griega «άδεια».

52 Pues bien, en virtud de jurisprudencia reiterada, las diversas versiones lingüísticas de un texto comunitario deben interpretarse de modo uniforme y, por lo tanto, en caso de discrepancia entre las mismas, la disposición de que se trate debe interpretarse en función del sistema general y de la finalidad de la normativa de la que forma parte (véanse las sentencias de 27 de octubre de 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, apartado 14; de 7 de diciembre de 1995, Rockfon, C‑449/93, Rec. p. I‑4291, apartado 28; de 17 de diciembre de 1998, Codan, C‑236/97, Rec. p. I‑8679, apartado 28, y de 13 de abril de 2000, W.N., C‑420/98, Rec. p. I‑2847, apartado 21).

53 Es necesario señalar que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 85/337 modificada define un solo tipo de autorización, a saber, la resolución de la autoridad o de las autoridades competentes que genera el derecho del promotor de ejecutar el proyecto.

54 Si bien es cierto que el artículo 6, apartados 1 y 2, de la Directiva 85/337 modificada impone a los Estados miembros la obligación de establecer un procedimiento de consulta en el que se ofrezca a las autoridades que puedan verse afectadas por el proyecto y al público, respectivamente, la posibilidad de expresar su opinión, no lo es menos que tal procedimiento tiene lugar, necesariamente, antes de que se conceda la autorización. Esas opiniones, así como otras complementarias que puedan exigir los Estados miembros, forman parte del procedimiento de autorización y están destinadas a ayudar al órgano competente a adoptar su resolución de concesión o denegación de la autorización. Por lo tanto, tienen carácter preparatorio y, como regla general, no pueden ser objeto de recurso.

55 En cambio, la información al público establecida en el artículo 9 de la Directiva 85/337 modificada tiene lugar una vez adoptada la resolución de concesión o de denegación. El objetivo que se persigue por medio de esta información no es solamente informar al público, sino también permitir a las personas que se consideren perjudicadas por el proyecto de que se trate ejercitar su derecho de recurso en los plazos señalados.

56 De las consideraciones anteriores se desprende que el hecho de que un Estado miembro publique la declaración de impacto ambiental realizada por el órgano administrativo competente en materia de medio ambiente –publicación que no exige el Derecho comunitario– no sustituye la obligación establecida en el artículo 9 de la Directiva 85/337 modificada de comunicar al público la autorización o la denegación para ejecutar el proyecto, en el sentido del artículo 1, apartado 2, de dicha Directiva.

57 Esta interpretación se halla corroborada por la finalidad de la Directiva 85/337 inicial, que consiste, a tenor de su primer considerando, en evitar, desde el principio, la creación de contaminaciones o daños, más que combatir posteriormente sus efectos. Esta finalidad tiene su confirmación en la Directiva 97/11, la cual recuerda en su segundo considerando que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 130 R, apartado 2, del Tratado CE (actualmente artículo 174 CE, apartado 2, tras su modificación), la política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente se basa en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de que quien contamina paga.

58 Al establecer, en su artículo 9, la obligación de los Estados miembros de informar al público cuando se adopte una decisión de concesión o de denegación, la Directiva 85/337 modificada pretende hacer participar al público de que se trate en la vigilancia del cumplimiento de estos principios. Pues bien, el hecho de que el público sólo tenga conocimiento del contenido de un dictamen que debe tener en cuenta el órgano competente antes de adoptar su resolución no le permite participar en esa vigilancia con tanta eficacia como cuando la información que se le transmite se refiere a la resolución definitiva que pone fin al procedimiento de autorización.

59 En la medida en que la legislación nacional no exige la publicación de la resolución de concesión o de denegación de la autorización para ejecutar el proyecto, dicha legislación no ha sido adaptada correctamente al artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337 modificada.

60 Por consiguiente, el segundo motivo formulado por la Comisión en apoyo de su recurso es fundado.
Sobre el tercer motivo, basado en el incumplimiento del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 97/11

61 La Comisión recuerda que el Real Decreto-ley 9/2000, adoptado con la finalidad de adaptar el Derecho español a las modificaciones introducidas en la Directiva 85/337 por la Directiva 97/11 y que entró en vigor el 8 de octubre de 2000, contenía una disposición transitoria única según la cual «el presente Real Decreto-ley no se aplicará a los proyectos privados que a su entrada en vigor se encuentren en trámite de autorización administrativa. Asimismo, no se aplicará a los proyectos públicos que hayan sido ya sometidos a información pública ni a los que, no estando obligados a someterse a dicho trámite, hayan sido ya aprobados». La Ley 6/2001, que derogó ese Real Decreto-ley, contiene la misma disposición. Esta Ley entró en vigor el 10 de mayo de 2001.

62 Pues bien, según la Comisión, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 97/11 impone a los Estados miembros la obligación de adaptar su legislación a más tardar el 14 de marzo de 1999, y su apartado 2 establece que las disposiciones de la Directiva 85/337 inicial seguirán aplicándose a las solicitudes presentadas con anterioridad a esa fecha. Deduce de ello que las disposiciones de la Directiva 85/337 modificada eran aplicables a todas las solicitudes de autorización presentadas con posterioridad al 14 de marzo de 1999, supuesto que no se prevé en la normativa española, según alega la Comisión.

63 Para justificar la medida controvertida, el Gobierno español invoca los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima. Afirma que la modificación de la normativa que rige en el momento de la presentación de una solicitud de autorización, si con ella se da lugar a la exigencia de nuevos requisitos, supone una vulneración de esos dos principios en perjuicio de quienes promovieron el expediente con arreglo a la anterior normativa.

64 No obstante, a juicio de la Comisión, esos dos principios no pueden ser invocados para justificar el hecho de que la nueva normativa no se aplique a los proyectos en trámite de autorización o de examen. Afirma que en tanto no se haya adoptado una resolución administrativa sobre los proyectos presentados, los promotores no han adquirido ningún derecho.

65 Por lo que se refiere a la obligación de realizar la evaluación de impacto ambiental, el Tribunal de Justicia ha declarado, en diversas ocasiones, que ésta se aplica a todos los proyectos a los que afecta la Directiva 85/337 inicial, cuyas solicitudes de autorización hayan sido presentadas después de finalizar el plazo de adaptación del Derecho interno. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha resuelto que dicha Directiva no permite a un Estado miembro que haya adaptado su ordenamiento jurídico nacional a esa Directiva con posterioridad a la fecha de expiración del plazo de adaptación, dispensar, mediante una disposición transitoria, de las obligaciones relativas a la evaluación del impacto ambiental exigida por la Directiva a los proyectos cuyo procedimiento de aprobación se había iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley nacional de adaptación del Derecho interno, pero con posterioridad a la fecha límite fijada para esa adaptación (véanse, en particular, las sentencias de 9 de agosto de 1994, Bund Naturschutz in Bayern y otros, C‑396/92, Rec. p. I‑3717, apartado 20; de 22 de octubre de 1998, Comisión/Alemania, C‑301/95, Rec. p. I‑6135, apartado 29, y de 21 de enero de 1999, Comisión/Portugal, C‑150/97, Rec. p. I‑259, apartado 23).

66 Como la Comisión subraya acertadamente, esta jurisprudencia es válida, mutatis mutandis, para interpretar el régimen transitorio establecido por el artículo 3 de la Directiva 97/11. En consecuencia, no se permite que un Estado miembro retrase, mediante la adopción tardía de disposiciones destinadas a la adaptación del Derecho interno a las modificaciones introducidas por la Directiva 97/11 en la Directiva 85/337 inicial, la aplicación de dichas disposiciones más allá de la fecha señalada en la Directiva 97/11. La interpretación opuesta provocaría un aplazamiento de la fecha límite y sería contraria a las obligaciones que se derivan de la Directiva 97/11 (véase, en este sentido, la sentencia Bund Naturschutz in Bayern y otros, antes citada, apartados 19 y 20).

67 El riesgo de que, según el Gobierno español, sean lesionados los derechos de los particulares que presentaron una solicitud de autorización antes del 8 de octubre de 2000, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2000, no puede dispensar a este Estado miembro de adoptar, conforme al objetivo de la Directiva 97/11, las medidas útiles para que, por una parte, estén sujetos a una solicitud de autorización los proyectos que requieran una evaluación, y, por otra, a partir del 14 de marzo de 1999, estén sometidas, en principio, a una evaluación sistemática nuevas categorías de proyectos, añadidas al anexo I de la Directiva 85/337 modificada.

68 Por otro lado, procede señalar que, tal como lo ha formulado la Comisión, el recurso para que se declare el incumplimiento no afecta a las solicitudes presentadas ante la autoridad nacional competente después del 14 de marzo de 1999 y para las que ya se ha adoptado una resolución de autorización.

69 En consecuencia, se ha de considerar fundado asimismo el tercer motivo.
Sobre el cuarto motivo, basado en la incorrecta adaptación del Derecho español al punto 10, letra b), del anexo II de la Directiva 85/337 modificada, en relación con los artículos 2, apartado 1, y 4, apartado 2, de dicha Directiva

70 La Comisión afirma que la Ley 6/2001 prevé, en su anexo II, grupo 7, letra b), la evaluación de impacto ambiental únicamente para los proyectos de urbanizaciones y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas y construcciones asociadas, incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos (proyectos no incluidos en el anexo I de la Ley 6/2001).

71 Por consiguiente, según la Comisión, tales proyectos de urbanización, cuando se sitúan fuera de las zonas urbanas, están excluidos del procedimiento previsto para los proyectos comprendidos en el anexo II de la Directiva 85/337 modificada. Esta situación, derivada de la legislación nacional, no se ve corregida, salvo muy contadas excepciones, por la legislación autonómica sobre urbanismo, completada con la legislación autonómica sobre evaluación de impacto. La Comisión afirma que estas últimas tampoco exigen la evaluación de impacto de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

72 El Gobierno español sostiene que la Directiva 85/337 modificada permite que los Estados miembros decidan que algunos de los proyectos mencionados en su anexo II no se sometan a una evaluación de impacto ambiental.

73 Según dicho Gobierno, precisamente en uso de tal facultad la legislación española impone el criterio de someter a declaración de impacto ambiental a todos los proyectos de urbanizaciones y complejos hoteleros fuera de las zonas urbanas y construcciones asociadas, incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos, siempre que tales proyectos se desarrollen en zonas especialmente sensibles.

74 El Gobierno español añade que, de esa manera, los únicos proyectos de urbanización que quedan excluidos de la necesidad de declaración de impacto ambiental son aquellos que se ejecutan en zonas urbanas, en las que el impacto ambiental de tales proyectos será prácticamente inexistente, dado que se trata de terrenos que constituyen suelo urbano.

75 Este Gobierno estima que no ha excedido las facultades de apreciación que le corresponden en virtud de los artículos 2 y 4 de la Directiva 85/337 modificada.

76 Es cierto que el Tribunal de Justicia ya ha destacado, a este respecto, que los Estados miembros tienen la posibilidad de fijar los criterios y los umbrales que permitan determinar qué proyectos incluidos en el anexo II de la Directiva 85/337 inicial deben ser objeto de evaluación (sentencia de 24 de octubre de 1996, Kraaijeveld y otros, C‑72/95, Rec. p. I‑5403, apartados 49 a 53). No obstante, al establecer dichos umbrales y criterios, los Estados miembros deben tener en cuenta no sólo las dimensiones de los proyectos, sino también su naturaleza y su localización (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de septiembre de 1999, Comisión/Irlanda, C‑392/96, Rec. p. I‑5901, apartados 65 a 67, y de 13 de junio de 2002, Comisión/España, C‑474/99, Rec. p. I‑5293, apartado 31).

77 Pues bien, al limitar la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de urbanización sólo a los proyectos que se sitúan en suelo no urbano, el Gobierno español se limita a aplicar el criterio de la localización, que no es más que uno de los tres criterios mencionados en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 85/337 modificada, sin tener en cuenta los otros dos criterios, a saber, la naturaleza y las dimensiones del proyecto.

78 Por otra parte, en la medida en que prevé la evaluación de impacto ambiental únicamente para los proyectos de urbanización fuera de las zonas urbanas, la legislación española aplica de modo incompleto el criterio de la localización.

79 En efecto, las áreas de gran densidad demográfica, así como los paisajes con significación histórica, cultural o arqueológica, recogidos en el anexo III, punto 2, letras g) y h), de la Directiva 85/337 modificada, figuran entre los criterios de selección que los Estados miembros deben tener en cuenta, conforme al artículo 4, apartado 3, de dicha Directiva, para examinar caso por caso o para establecer umbrales o criterios a los efectos del apartado 2 de dicho artículo, con el fin de determinar si un proyecto debe ser objeto de evaluación. Pues bien, como subraya acertadamente la Comisión, esos criterios de selección suelen afectar a las zonas urbanas.

80 La tesis que defiende el Gobierno español, de que en las zonas urbanas el impacto ambiental de los proyectos de urbanización es prácticamente inexistente, tampoco puede ser acogida en vista de la lista de factores que pueden verse afectados directa o indirectamente por los proyectos a los que se refiere la Directiva 85/337 modificada.

81 En efecto, estos factores, enumerados en el artículo 3 de la Directiva 85/337 modificada, se encuentran tanto dentro como fuera de las zonas urbanas y las probabilidades de verse afectados por uno de los proyectos antes mencionados no varían necesariamente en función de la situación de estas zonas. En todo caso, ni los considerandos ni las disposiciones de la Directiva 85/337 modificada apoyan la interpretación de que no todos los proyectos de urbanización en zonas urbanas pueden tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente en el sentido del artículo 1, apartado 1, de esta Directiva y pueden, por tanto, ser excluidos del requisito de autorización y evaluación con respecto a sus efectos.

82 En estas circunstancias, procede acoger el cuarto motivo formulado por la Comisión.
Sobre el quinto motivo, basado en la omisión de evaluación de impacto ambiental del proyecto de construcción de un centro de ocio en Paterna

83 Sobre este extremo, la Comisión alega que el Gobierno español ha aplicado incorrectamente lo dispuesto en los artículos 2, apartado 1, 3 y 4, apartado 2, de la Directiva 85/337 modificada, en relación con el punto 10, letra b), de su anexo II, así como los artículos 8 y 9 de la misma Directiva, dado que no ha adoptado ninguna medida destinada a comprobar si el proyecto de construcción del centro de ocio situado en Paterna podía tener repercusiones importantes en el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, dimensiones o localización.

84 Según la Comisión, no se puede cuestionar esta afirmación dado que dicho proyecto fue presentado como el segundo complejo de cines más grande de Europa, se encuentra situado en zona urbana, colindante con urbanizaciones ya existentes y próxima a zonas de desarrollo urbano, y se prevé una afluencia semanal de 60.000 personas.

85 El Gobierno español justifica la omisión de evaluación de impacto ambiental de este proyecto alegando que el centro controvertido será construido en suelo urbano, es decir, en terrenos que están totalmente transformados, bien por contar, como mínimo, con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, bien por estar consolidados con la edificación en la forma y con las características que establece la legislación urbanística aplicable, o bien porque en ejecución del planeamiento hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo. Considera que, tratándose pues de un proyecto que se ejecutará sobre un terreno completamente transformado, el impacto sobre el medio ambiente no puede ser importante.

86 El incumplimiento reprochado por la Comisión en este motivo no es sino la consecuencia de aplicar a un caso particular la legislación que ya ha sido considerada contraria al Derecho comunitario en el examen del cuarto motivo. En efecto, la aplicación de la legislación nacional, que excluye someter al procedimiento de autorización y evaluación de impacto ambiental los proyectos de urbanización en zonas urbanas, tiene como resultado la liberación de tales obligaciones por lo que respecta al proyecto de construcción del centro de ocio controvertido.

87 Pues bien, por una parte, en vista de las dimensiones, naturaleza y localización de este proyecto, no se puede excluir, de entrada, que no pueda tener repercusiones importantes en el medio ambiente. Por otra parte, como se ha demostrado al examinar el cuarto motivo, la legislación española en materia de medio ambiente, aplicada al proyecto de construcción de un centro de ocio en Paterna, no se ajusta a la Directiva 85/337 modificada, en la medida en que no se obliga a las autoridades competentes a determinar si la ejecución de proyectos de urbanización, incluida la construcción de centros comerciales y de aparcamientos en zonas urbanas, conlleva el riesgo de provocar efectos importantes en el medio ambiente y, de ser así, a someter estos proyectos a una evaluación de impacto ambiental.

88 Por lo tanto, se ha de considerar fundado el quinto motivo.

89 En vista del conjunto de las consideraciones anteriores, procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas 85/337 modificada y 97/11:
– al no haber adaptado el Derecho español de forma completa al artículo 3 de la Directiva 85/337 modificada;
– al no haber adaptado el Derecho español al artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337 modificada;
– al no haber cumplido el régimen transitorio establecido por el artículo 3 de la Directiva 97/11;
– al no haber adaptado el Derecho español de manera correcta al punto 10, letra b), del anexo II de la Directiva 85/337 modificada, en relación con los artículos 2, apartado 1, y 4, apartado 2, de dicha Directiva, y
– al no haber sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto de construcción de un centro de ocio en Paterna, y, consiguientemente, al no haber aplicado lo dispuesto en los artículos 2, apartado 1, 3, 4, apartado 2, 8 y 9 de la Directiva 85/337 modificada.

Costas

90 En virtud del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la Comisión que se condene en costas al Reino de España y haber sido desestimados los motivos formulados por éste, procede condenarlo en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:
1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, así como de esta última Directiva, al no haber adaptado el Derecho español de forma completa al artículo 3 de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 97/11, al no haber adaptado el Derecho español al artículo 9, apartado 1, de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 97/11, al haber incumplido el régimen transitorio establecido por el artículo 3 de la Directiva 97/11, al no haber adaptado el Derecho español de manera correcta al punto 10, letra b), del anexo II de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 97/11, en relación con los artículos 2, apartado 1, y 4, apartado 2, de dicha Directiva, y al no haber sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto de construcción de un centro de ocio en Paterna, y, consiguientemente, al no haber aplicado lo dispuesto en los artículos 2, apartado 1, 3, 4, apartado 2, 8 y 9 de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 97/11.
2) Condenar en costas al Reino de España.
Firmas.

Europa Press: 23/11/05: Voto en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo- triunfo!

2005-11-23T21:43:00.001-08:00

Internacional

UE.- La Eurocámara pide que se paralice la tramitación de planes
urbanísticos en la Comunidad Valenciana

El PP vota a favor del dictamen, que logra el apoyo de todos los grupos
políticos

BRUSELAS, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pidió hoy que se
paralice "urgentemente" la tramitación y la aprobación de planes
urbanísticos en la Comunidad Valenciana hasta que entre en vigor la nueva
Ley Urbanística Valenciana (LUV) con el objetivo impedir que se intenten
acelerar nuevos proyectos para evitar una legislación más restrictiva.

Esta solicitud se incluye en el informe sobre la aplicación de la Ley
Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que fue aprobado
hoy con un amplio respaldo de todos los grupos políticos, incluido el
Partido Popular. Este grupo se opuso a todas las enmiendas para endurecer el
informe, que salieron adelante con el apoyo de socialistas, liberales,
verdes e izquierda unitaria. Pero en la votación final respaldó el conjunto
del texto. Fuentes populares explicaron que presentarán nuevas enmiendas de
cara a la votación en el pleno de la Eurocámara, prevista para el 15 de
diciembre.

El informe "insiste urgentemente en la necesidad de que se suspenda la
tramitación y la aprobación de programas de actuación integrada (PAI) que
incorporan suelos no urbanizables al proceso urbanizador tanto de nueva
formulación como los que se encuentran en tramitación actualmente en tanto
no entre en vigor la legislación revisada". Asimismo, constata que "se está
produciendo cierta precipitación para comprometer nuevos proyectos antes de
la promulgación de la nueva ley que, sin duda, parecerá más restrictiva".

Los eurodiputados constatan que "durante los últimos tres años se han
incrementado de manera muy notable las denuncias por abusos urbanísticos" y
alientan a la Comunidad Valenciana a que resuelva la cuestión "con mayor
diligencia que hasta ahora". También señalan que la "falta de transparencia"
y de criterios claros en los procedimientos de adjudicación de contratos
públicos a los agentes urbanizadores no son conformes con el derecho
comunitario.

"El número de casos en que se ha constatado la existencia de corrupción o
se afirma actualmente pone de manifiesto las deficiencias de la ley y de su
aplicación", señala el dictamen. La comisión de Peticiones pide además que
se creen "oficinas de reclamaciones bajo la responsabilidad de los gobiernos
regional y locales" para dar asistencia a los perjudicados por la LRAU.

Por lo que se refiere al anteproyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV)
que se está tramitando en las Cortes para sustituir a la LRAU, los
parlamentarios piden que se incluya "una definición clara del interés
público" para que no pueda utilizarse en la promoción de intereses privados.
Asimismo, se aconseja "el establecimiento de criterios vinculantes para el
cálculo de las indemnizaciones en casos de expropiación".

La Eurocámara expresa su preocupación por el hecho de que "algunos planes
de urbanismo parecen tener un impacto desastroso sobre el medio ambiente y
la ecología de numerosas zonas costeras y, más en concreto, sobre las
futuras condiciones de abastecimiento de agua". En este sentido, recuerda
que la Confederación Hidrográfica del Júcar se ha opuesto por lo menos a 30
nuevas urbanizaciones en Valencia.

El dictamen fue elaborado por la eurodiputada liberal francesa Janelly
Fourtou sobre la base de las informaciones recogidas por la misión de
parlamentarios que viajó a la Comunidad Valenciana y a Madrid el pasado mes
de junio para investigar las 15.000 quejas presentadas en Bruselas por los
pequeños propietarios perjudicados por la LRAU. En mayo de 2004, la comisión
de Peticiones ya elaboró un primer informe en el que pedía una moratoria
urbanística, pero es la primera vez que esta solicitud se votará en el
pleno.

DESMANES URBANÍSTICOS

Durante el debate previo a la votación intervino el diputado del PP en
las Cortes Valencianas Rafael Maluenda, que atribuyó los problemas de la
LRAU al anterior Gobierno socialista que la aprobó por "mayoría absoluta" en
1994 y dejó "la puerta abierta a desmanes urbanísticos y corruptelas".
Asimismo, anunció que el actual Gobierno popular derogará la LRAU y
promulgará una nueva ley que respete la legislación de la UE.

Le replicó el eurodiputado del PSPV Joan Calabuig, que señaló que el PP
"lleva gobernando (en la Comunidad Valenciana) 10 años, y ha tenido
suficiente tiempo para cambiar la ley si hubiera querido o para hacer un
reglamento de desarrollo". Asimismo, denunció que la Eurocámara había
invitado a todos los grupos políticos de las Cortes valencianas a viajar hoy
a Bruselas, pero al PSPV y a Esquerra Unida sólo se les informó de esta
invitación el martes a las 19:30 de la tarde, cuando Maluenda estaba ya en
Bruselas.

Levante: 20/10/05

2005-10-20T22:05:00.000-07:00

TRIBUNAL SUPREMO

Dos arquitectos deben pagar los defectos de un edificio en Calpe por no
vigilarla construcción

Efe, Madrid

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a los responsables de una
constructora y a dos arquitectos a pagar a la comunidad de propietarios de
un edificio de Calp el coste de las obras que la misma realizó por su cuenta
para reparar los defectos que presentaba el inmueble, en ruina funcional. La
sala desestima los recursos presentados por ambos arquitectos contra la
resolución dictada por la Audiencia de Alicante.

El Supremo argumenta que «la jurisprudencia, tras destacar la importante
función que cumple el arquitecto en la construcción, en sintonía con la
garantía técnica y profesional que implica su intervención, exige al mismo
el cumplimiento de funciones de control y vigilancia superior o mediata del
proceso constructivo».

La sentencia añade que, «en particular le hace responsable de la realidad de
deficiencias que, aunque directamente atribuibles al constructor, debía
haber percibido en el desempeño de aquellas competencias». Los defectos que
presentaba el Edificio Aguamarina son «vicios de ejecución de entidad tal
que debieron haber sido advertidos por los recurrentes». La cubierta, la
fachada, los pavimentos, los jardines, el garaje, las bajantes y el sistema
de evacuación de basuras adolecían de graves defectos, anomalías y
deficiencias que determinaban la ruina funcional.

Levante 25 9 2005: Doce sentencias del Supremo corroboran que el suelo del aeropuerto es urbanizable

2005-09-25T22:48:00.000-07:00

Doce sentencias del Supremo corroboran que el suelo del aeropuerto es
urbanizable

Trescientos expropiadosde Vilanovaacuden un contencioso para revisaral alza
el preciodelsuelo. La Sección 6 ha reiterado que el terreno para un sistema
general debe considerarse como urbano

Las últimas sentencias del Tribunal Supremo corroboran las tesis defendidas
por las asesoras legales de los afectados por las expropiaciones para la
construcción del aeropuerto de que sus terrenos deberían haberse valorado
como urbanizables y no como rústicos.

Ramón Pardo, Castelló

Variación ésta que incrementaría notablemente el valor de sus propiedades y
que obligaría a la Diputación de Castelló, Administración que expropió, a
efectuar un mayor desembolso para hacerse con los 5 millones de metros
cuadrados que ocupará esta infraestructura de transporte, que se construye
entre Vilanova d'Alcolea y Benlloch.

Doce de las últimas 50 sentencias incluidas en la página web del Consejo
General del Poder Judicial recogen en su argumentación que el suelo de los
aeropuertos tiene la consideración de sistemas generales y la expropiación
debe hacerse como si de suelo urbanizable se tratase. Doctrina que se aplica
para resolver recursos presentados en relación con la ampliación del
aeropuerto de Madrid-Barajas. Esto quiere decir que, a pesar de que las
Normas Subsidiarias que rigen el urbanismo en Vilanova catalogasen el suelo
expropiado como rústico éste, en aplicación de la jurisprudencia del
Supremo, debería tasarse como urbanizable. Línea de actuación que defienden
las abogados de Tarragona que tutelan los derechos de 40 afectados que no
han firmado el acta de adquisición voluntaria de sus propiedades y han
recurrido el proceso ante la diputación, lo que también ha hecho otro grupo
de 270 expropiados que han llevado el caso, argumentando defectos formales,
a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

Una de esas sentencias, de fecha 11 de julio de 2005, con Margarita Robles
como ponente de un recurso por las expropiaciones para ampliar el aeropuerto
de Barajas, recoge que «nos hallamos ante un suelo incluido en un sistema
general dotacioonal» y sólo «resta que nos pronunciemos sobre su condición
de urbanizable, con abstracción de su clasificación formal. A este respecto
la doctrina jurisprudencial recaída al efecto es concluyente: en virtud del
principio de equitativa distribución de beneficio y cargas del
planeamiento». Añade que, aunque el suelo expropiado tuviera la
consideración de no urbanizable: «el justiprecio del tereno ha de atender a
la finalidad urbanística del mismo, por lo que no cabe valorar como no
urbanizable aquel cuyo destino es ser urbanizado -Sentencias del Supremo de
29 de mayo de 1999, 1 de abril de 2000 y 16 de enero de 2001». La sentencia
de 23 de mayo de 2000 dice que el suelo de sistemas generales, «si cuenta
con los servicios que marca la ley, es urbano».

En la Comunidad Valenciana, como recordaron en su momento las abogadas que
llevan a los disconformes con la tasación de sus terrenos, se produjo r una
sentencia que condenaba a la Administración a pagar un mayor precio el
terreno expropiado para el parque temático Terra Mítica, una cantidad a la
que se deben sumar los intereses devengados.

Levante 13 9 2005: Sentencia 248/2005 Legislacion de contratos de las Administraciones Publicas

2005-09-13T00:05:00.000-07:00

URBANISMO

Un juez anula el cambio de urbanizador del sector Casino de la Vila Joiosa

FALLO. TERRENOS QUE ESTÁN A LA ESPERA DEL DESARROLLO URBANÍSTICO PROGRAMADO EN LA VILA JOIOSA
SERVICIOS

La mercantil Edificaciones Calpe, S. A., cedió a Urbacasino el PP-26. La propuesta salió adelante con los votos del PP y el voto en contra de socialistas e independientesC. Ferrer, la Vila JoiosaEl Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alacant ha anulado el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de La Vila de 23 de julio de 2004, por el que se aceptaba la cesión, por parte de la mercantil «Edificaciones Calpe, S.A.» de la condición de agente urbanizador en el PP-26 «Casino» a favor de la mercantil «Urbacasino S. L.», por «no ser conforme a Derecho». Cabe recordar que la sesión plenaria de 8 de septiembre de 2003 adjudicó el PP-26 a Edificaciones Calpe S. A., como presentador de la alternativa técnica original, con el voto a favor del Partido Popular, el voto en contra de PSOE e Iniciativa Independiente y la abstención del Bloc al entender entonces los nacionalistas que «el procedimiento no es el correcto». Según la sentencia número 248/2005, este acuerdo de cesión vulnera la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, que exige que «el cedente tenga ejecutado al menos el 20% del importe del contrato». Esta sentencia le confiere una preponderancia a la legislación estatal de contratos de las Administraciones Públicas ante la LRAU, que recoge la facultad de subrogación en su artículo 47,5, por lo que la normativa contractual estatal tendría que aplicarse preferentemente a la de la Comunidad Autónoma. Cuestión, según la sentencia, que en este caso no se ha producido. La sentencia indica que «el urbanizador, cuando no lo sea la propia Administración, es una persona que asume la realización de una función pública», como es el caso de la urbanización del suelo y la producción de infraestructuras públicas de urbanización. Por ello se considera que el urbanizador gestiona indirectamente una función pública, «en cuanto desarrolla una actividad que es de servicio público y participa de la condición de concesionario de un servicio público». Ante esta sentencia, cabe interponer recurso de apelación para su resolución por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

«L'Almisserà», a debate

La convocatoria del pleno ordinario del Consistorio vilero ha incluido, en su orden del día, la aprobación provisional de la modificación puntual del PGOU y programación del sector «Almisserà». Por otra parte, también se incluyen los planes parciales 30 y 31 «Xarco» y «Xarco 2», la adjudicación de la concesión de la gestión del servicio público de cafetería en la finca La Barbera, la demolición de las obras ejecutadas sin licencia consistentes en poner techo a los aparcamientos que rodean el edificio de la calle Palasiet, número 7, el establecimiento como fiestas locales de los días 29 de julio y 29 de septiembre de 2006, la designación de representantes municipales a los consejos escolares, que contará con el rechazo de la oposición, y la designación de un representante del Ayuntamiento vilero en la Junta del Organismo Parra Conca.

2005-07-25T21:43:00.000-07:00

European Court of Human Rights Judgment

FIRST SECTION

CASE OF SCORDINO v. ITALY (No. 1)

(Application no. 36813/97)

JUDGMENT

STRASBOURG

29 July 2004

THIS CASE WAS REFERRED TO THE GRAND CHAMBER,
WHICH DELIVERED JUDGMENT IN THE CASE ON 29 July 2004

This judgment will become final in the circumstances set out in Article 44 § 2 of the Convention. It may be subject to editorial revision.

In the case of Scordino v. Italy (no. 1),
The European Court of Human Rights (First Section), sitting as a Chamber composed of:
Mr C.L. Rozakis, President, Mr P. Lorenzen, Mr G. Bonello, Mrs N. Vajić, Mrs S. Botoucharova, Mrs E. Steiner, judges, Mrs M. Del Tufo, ad hoc judge,and Mr S. Nielsen, Section Registrar,

Having deliberated in private on 8 July 2004,

Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1. The case originated in an application (no. 36813/97) against the Italian Republic lodged with the European Commission of Human Rights (“the Commission”) under former Article 25 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the Convention”) by four Italian nationals, Mr Giovanni, Ms Elena, Ms Maria and Ms Giuliana Scordino (“the applicants), on 21 July 1993.

2. The application was transmitted to the Court on 1 November 1998, when Protocol No. 11 to the Convention came into force (Article 5 § 2 of Protocol No. 11).

3. Having been designated by the initials G.S. and Others, the applicants subsequently agreed to the disclosure of their names. They were represented by Mr N. Paoletti, a lawyer practising in Rome. The Italian Government (“the Government”) were represented by their Agent, Mr I.M. Braguglia, and co-Agent, Mr F. Crisafulli.

4. On 1 November 2001 the Court modified the composition of its Sections (Rule 25 § 1 of the Rules of Court). This case was assigned to the newly composed First Section. Within that Section, the Chamber that would consider the case (Article 27 § 1 of the Convention) was constituted as provided in Rule 26 § 1 of the Rules. Mr V. Zagregelsky, the judge elected in respect of Italy, withdrew from sitting in the case (Rule 28). The Government accordingly appointed Mrs M. del Tufo to sit as an ad hoc judge (Article 27 § 2 of the Convention and Rule 29 § 1).

5. The case concerns the proceedings brought following the expropriation of the applicants' land. Relying on Article 1 of Protocol No. 1 and Article 6 of the Convention, the applicants complained in particular of a violation of their rights to the peaceful enjoyment of their possessions and a fair trial.

6. A hearing which dealt both with issues of admissibility and the merits took place in public in the Human Rights Building, Strasbourg, on 27 March 2003 (Rule 54 § 3).

There appeared before the Court:
(a) for the GovernmentMr Francesco Crisafulli, Co-Agent,
(b) for the applicantsMr Nicolò Paoletti, Counsel, Ms Alessandra Mari, Adviser.

7. By a decision of 27 March 2003 the Chamber declared the application admissible.

8. The applicants, but not the Government, submitted written observations on the merits of the case, (Rule 59 § 1). On 4 February 2004 the Government submitted a request for the application to be declared inadmissible in the light of a judgment delivered by the Italian Court of Cassation on 26 January 2004.

THE FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

9. The applicants inherited from Mr A. Scordino several plots of land in Reggio di Calabria, entered in the land register as folio 111, parcels 105, 107, 109 and 662. On 25 March 1970 Reggio di Calabria District Council adopted a general development plan, which was approved by the Calabria Regional Council on 17 March 1975

10. The land in issue in the instant case, an area of 1,786 sq. m designated as parcel 109, was made subject to an expropriation permit under the general development plan with a view to the construction of housing on the land. The land was subsequently included in the zonal development plan approved by the Calabria region on 20 June 1979.

A. Expropriation of the land
11. In 1980 Reggio di Calabria District Council decided that a cooperative society, Edilizia Aquila, would carry out building work on the land in question. In a decision of 13 March 1981 the administrative authorities granted the cooperative permission to occupy the land.

12. On 30 March 1982, pursuant to Law no. 385/1980, Reggio di Calabria District Council offered an advance on the compensation payable for the expropriation that had been determined in accordance with Law no. 865/1971. The sum offered, 606,560 Italian lire (ITL), was calculated according to the rules in force for agricultural land, using a value of ITL 340 per square metre as a basis, with the proviso that the final amount of compensation would be determined once a law had been enacted laying down new compensation criteria for building land.

13. The offer was refused by Mr A. Scordino.

14. On 21 March 1983 the Regional Council issued an expropriation order in respect of the land.

15. On 13 June 1983 the District Council made a second offer of an advance, this time amounting to ITL 785,000. The offer was not accepted.

16. In judgment no. 223, delivered on 15 July 1983, the Constitutional Court declared Law no. 385/1980 unconstitutional on the ground that it made the award of compensation subject to the enactment of a future law.

17. As a result of that judgment, Law no. 2359/1865, which provided that compensation for expropriation should correspond to the market value of the land in question, came back into force.

18. On 10 August 1984 Mr A. Scordino served formal notice on the District Council to determine the final amount of compensation in accordance with Law no. 2359/1865. On 16 November 1989 he learned that Reggio di Calabria District Council had assessed the final amount at ITL 88,414,940 (ITL 50,000 per square metre) in an order of 6 October 1989.

B. Proceedings for the award of compensation for the expropriation

19. On 25 May 1990, contesting the amount of compensation he had been awarded, Mr A. Scordino brought proceedings against the District Council and the cooperative in the Reggio di Calabria Court of Appeal.

20. He argued that the amount determined by the District Council was ridiculously low in relation to the market value of the land and requested, among other things, to have the compensation calculated in accordance with Law no. 2359/1865. He also sought compensation for the period during which the land had been occupied before the expropriation order had been issued, and for the area of land (1,500 sq. m) that had become unusable as a result of the building work.

21. Preparation of the case for hearing began on 7 January 1991.

22. The cooperative gave notice of its intention to defend and raised an objection, arguing that it could not be considered as a party to the proceedings.

23. On 4 February 1991, as the District Council had still not given notice of its intention to defend, the Reggio di Calabria Court of Appeal declared it to be in default and ordered an expert assessment of the land. In an order of 13 February 1991 an expert was appointed and was given three months in which to submit his report.

24. On 6 May 1991 the District Council gave notice of its intention to defend and raised an objection, arguing that it could not be considered a party to the proceedings. The expert agreed to his terms of reference and was sworn in.

25. On 4 December 1991 an expert report was filed.

26. On 8 August 1992 Law no. 359/1992 came into force. Section 5 bis of the Law laid down new criteria for calculating compensation for the expropriation of building land. The Law was expressly applicable to pending proceedings.

27. Following Mr A. Scordino's death on 30 November 1992, the applicants joined the proceedings on 18 September 1993.

28. On 4 October 1993 the Reggio di Calabria Court of Appeal appointed another expert and instructed him to assess the compensation for the expropriation according to the new criteria laid down in section 5 bis of Law no. 359/1992.

29. The expert's report was filed on 24 March 1994, concluding that the land's market value on the date of the expropriation had been ITL 165,755 per square metre. In accordance with the new criteria laid down in section 5 bis of Law no. 359/1992, the compensation due was ITL 82,890 per square metre.

30. At the hearing on 11 April 1994 the parties asked for time to submit comments on the expert's report. Counsel for the applicants produced a separate expert opinion and observed that the expert appointed by the court had omitted to calculate the compensation for the 1,500 sq. m of land that were not covered by the expropriation order but had become unusable as a result of the building work.

31. A hearing was held on 6 June 1994 at which observations were submitted in reply. The next hearing, scheduled for 4 July 1994, was adjourned by the court of its own motion until 3 October 1994 and then until 10 November 1994.

32. In an order of 29 December 1994 the court ordered a further expert assessment and adjourned the proceedings until 6 March 1995. However, the hearing was subsequently adjourned on several occasions as the investigating judge was unavailable. At the applicants' request, the investigating judge was replaced on 29 February 1996 and the parties made their submissions at a hearing on 20 March 1996.

33. In a judgment of 17 July 1996 the Reggio di Calabria Court of Appeal held that the applicants were entitled to compensation calculated according to section 5 bis of Law no. 359/1992, both for the land that had been formally expropriated and for the land that had become unusable as a result of the building work. It also held that the compensation thus determined should not be subject to the further 40% statutory deduction applicable where the owner of the expropriated land had not signed an agreement for its transfer (cessione volontaria), seeing that in the applicants' case the land had already been expropriated when the law had come into force.

34. In conclusion, the Court of Appeal ordered the District Council and the cooperative to pay the applicants:
(a) ITL 148,041,540 (ITL 82,890 per square metre for 1,786 sq. m of land) in compensation for the expropriation;
(b) ITL 91,774,043 (ITL 75,012.50 per square metre for 1,223.45 sq. m) in compensation for the part of the land that had become unusable and was to be regarded as having been de facto expropriated; and
(c) compensation for the period during which the land had been occupied prior to its expropriation.

35. Those amounts were to be index-linked and interest was payable on them until the date of settlement.

36. On 20 December 1996 the cooperative appealed on points of law, arguing that it could not be considered as a party to the proceedings. On 20 and 31 January 1997 respectively the applicants and the District Council likewise appealed.
On 30 June 1997 the cooperative applied for a stay of execution of the Court of Appeal's judgment. That application was dismissed on 8 August 1997.

37. In a judgment of 3 August 1998, deposited with the registry on 7 December 1998, the Court of Cassation allowed the cooperative's appeal, acknowledging that it could not take part in the proceedings as it had not formally been a party to the expropriation, although it had benefited from it. It upheld the remainder of the Reggio di Calabria Court of Appeal's judgment.

38. In the meantime, on 18 June 1997, the amount awarded by the Court of Appeal had been deposited at the national bank. On 30 September 1997 tax was deducted from the compensation at a rate of 20% in accordance with Law no. 413/1991.

39. The date on which the applicants actually received the compensation is not known.

C. The Pinto Act

40. On 18 April 2002 the applicants applied to the Reggio di Calabria Court of Appeal, claiming compensation under the Pinto Act for the length of the proceedings.
They sought redress for non-pecuniary and pecuniary damage.

41. In a decision of 1 July 2002 the Reggio di Calabria Court of Appeal awarded the applicants an aggregate sum of 2,450 euros (EUR) for non-pecuniary damage only and ordered the parties to pay their own costs.

42. The applicants did not appeal on points of law. The Court of Appeal's judgment became final on 26 October 2003.

II. RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE
A. As regards the complaint concerning the length of proceedings

43. The relevant domestic law and practice are described in the admissibility decision (Scordino v. Italy, no. 36813/97, ECHR 2003-IV).

44. Subsequently, on an appeal against a decision delivered by a court of appeal in “Pinto” proceedings, the Court of Cassation, sitting as a full court, affirmed in its judgment no. 1340 of 26 January 2004 the principle that “the determination of non-pecuniary damage by courts of appeal in accordance with section 2 of Law no. 89/2001, although inherently done on an equitable basis, must move within the confines of a legally defined context since regard must be made to the amounts awarded in similar cases by the Strasbourg Court.”

B. As regards the expropriation

45. Section 39 of Law no. 2359/1865 provided that where land was expropriated, the compensation to be paid should correspond to its market value at the time of the expropriation.

46. Article 42 of the Constitution, as interpreted by the Constitutional Court (see, among other authorities, judgment no. 138 of 6 December 1977), guarantees the payment of compensation for expropriation, in an amount lower than the market value of the land.

47. Law no. 865/1971 laid down new criteria: compensation for any land, whether it was agricultural or building land, should be paid as though it were agricultural land.

48. In judgment no. 5/1980 the Constitutional Court declared Law no. 865/1971 unconstitutional on the ground that it afforded the same treatment to two very different situations by providing for the same form of compensation for building and agricultural land.

49. In order to remedy the situation, Parliament enacted Law no. 385 of 29 July 1980, which reaffirmed, but this time on a provisional basis, the criteria that had been declared unconstitutional. The Law provided that compensation should be paid in the form of an advance, to be supplemented by a payment calculated on the basis of a subsequent law that would lay down specific compensation criteria for building land.

50. In judgment no. 223 of 15 July 1983 the Constitutional Court declared Law no. 385/1980 unconstitutional on the ground that it made the award of compensation for the expropriation of building land subject to the enactment of a future law.

51. As a result of that judgment, Law no. 2359/1865 came back into force. Consequently, the compensation payable for building land was to correspond to the land's market value (see, for example, Court of Cassation, Section I, judgment no. 13479 of 13 December 1991, and Section I, judgment no. 2180 of 22 February 1992).

52. Legislative Decree no. 333 of 11 July 1992, which became Law no. 359 of 8 August 1992, introduced (in section 5 bis) a “temporary, exceptional and urgent” measure aimed at stabilising public finances, to remain valid until structural measures were adopted. That provision applied to any pending proceedings.

53. Section 5 bis provides that the compensation payable for the expropriation of building land is to be calculated using the following formula: market value of the land plus the total of annual ground rent multiplied by the last ten years, divided by two, minus a 40% deduction.
54. In such cases the compensation corresponds to 30% of the market value. That amount is subject to tax, deducted at source at a rate of 20% (in accordance with section 11 of Law no. 413/1991).

55. The 40% deduction can be avoided if the basis for the expropriation is not an expropriation order but a “voluntary agreement” for the transfer of the land or, as in the instant case, if the expropriation took place before section 5 bis came into force (see the Constitutional Court's judgment no. 283 of 16 June 1993). In such cases, the resulting compensation corresponds to 50% of the market value. Again, that amount is subject to tax at a rate of 20% (see paragraph 54 above).

56. The Constitutional Court has held section 5 bis of Law no. 359/1992 and its retrospective application to be compatible with the Constitution (judgment no. 283 of 16 June 1993, and judgment no. 442 of 16 December 1993) on account of the urgent and temporary nature of the Law.

57. The Code of Expropriation Provisions (Presidential Decree no. 327 of 2001, subsequently modified by Legislative Decree no. 302 of 2002), which came into force on 30 June 2003, codified the existing provisions relating to expropriation and the principles established by the relevant case-law.

58. Article 37 of the Code reiterates the main criteria for calculating compensation for expropriation provided for in section 5 bis of Law no. 359/1992.
THE LAW

I. THE GOVERNMENT'S PRELIMINARY OBJECTION
59. Regarding the complaint about the excessive length of the proceedings, the Government raised again the objection on grounds of non-exhaustion of domestic remedies that it had raised before the admissibility of the application was examined.

The Government referred to a judgment of 26 January 2004 of the Court of Cassation (see paragraph 44 above) in support of their submission that an appeal to the Court of Cassation was a remedy that had to be used in “Pinto” proceedings. Accordingly, they criticised the applicants for failing to appeal to the Court of Cassation against the decision of 1 July 2002 of the Reggio di Calabria Court of Appeal.

60. The applicants requested that the objection be dismissed.

61. The Court notes that the Government's objection has already been dismissed in its decision on admissibility of 27 March 2003. It also points out that the Court of Cassation's judgment to which the Government referred is dated 26 January 2004, whereas the Reggio Calabria Court of Appeal's decision became final on 26 October 2003 (see paragraph 42 above).

62. The Court finds that the Government's objection is based on arguments that are not such as to call into question its decision on admissibility. Accordingly, the objection must be dismissed.

II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 OF THE CONVENTION

63. The applicants alleged that there had been a double breach of Article 6 § 1 of the Convention, the relevant part of which provides:
“1. In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a fair ... hearing ... by [a] ... tribunal ...”

64. More particularly, the applicants complained that the enactment and application of section 5 bis of Law no. 359 of 1992 amounted to a legislative interference that was incompatible with their right to a fair trial. They also complained of the excessive length of the proceedings they had brought to obtain compensation for expropriation.

A. Length of the proceedings

65. The applicants alleged that the proceedings brought to obtain compensation for expropriation had failed to comply with the principle of a “reasonable time” laid down in Article 6 § 1 of the Convention.

66. The Government disputed that contention, referring to objective difficulties that had arisen during the proceedings such as the new law on compensation for expropriation, the death of Mr A Scordino and the shortage of judges. The Government observed in that connection that the case had been dealt with by three successive investigating judges.

67. The Court reiterates that in its admissibility decision of 27 March 2003 it held that by awarding the applicants the sum of EUR 2,450 in non-pecuniary damages under the Pinto Act the Reggio di Calabria Court of Appeal had not properly and adequately compensated the breach of which the applicants complained.

68. The Court notes that the period to be considered began on 25 May 1990 and ended on 7 December 1998. It therefore lasted approximately eight and a half years for two levels of jurisdiction.

69. The Court reiterates its finding in four judgments of 28 July 1999 (see, for example, Bottazzi v. Italy [GC], no. 34884/97, § 22, ECHR 1999-V), that in Italy there is a practice that is incompatible with the Convention resulting from an accumulation of breaches of the “reasonable-time” requirement. Where the Court finds such a breach, this accumulation constitutes an aggravating circumstance of the violation of Article 6 § 1.

70. Having examined the facts of the case in the light of the parties' arguments, and having regard to its relevant case-law, the Court considers that the length of the proceedings in question did not satisfy the “reasonable-time” requirement and that this was one more instance of the above-mentioned practice.
Accordingly, there has been a breach of Article 6 § 1.

B. Fair trial

71. The applicants complained of interference by the legislature in the judicial process owing to the enactment and application to their case of section 5 bis of Law no. 359/1992. They complained that they had not had a fair hearing when the amount of their expropriation compensation was determined because the question submitted to the national courts had been settled by the legislature and not by the judiciary.

72. In that connection the applicants observed that the statutory provision in question had introduced criteria for calculating expropriation compensation that had reduced by at least 50% the amount to which they had been entitled under the Law that had been in force when they had brought proceedings for compensation in the Reggio Calabria Court of Appeal.

73. The applicants submitted that the Law in issue had not served a vital public interest and had been designed purely to settle pending proceedings in a manner advantageous to the respondent authorities.

74. The applicants pointed out that section 5 bis of the Law had been declared constitutional by the Constitutional Court because it was a temporary measure designed to deal with a specific situation. The provision was still in force, however.

75. The Government submitted that the application of section 5 bis of Law no. 359/1992 in the instant case did not raise any problem under the Convention.

76. The Government acknowledged that the provision in issue, section 5 bis, had been guided by budgetary considerations. They nonetheless remarked that, in view of its temporary nature, the provision had been declared constitutional by the Constitutional Court.

77. The Government pointed out that, according to the Convention institutions' case-law and Italian law, the principle that laws should not have retrospective effect was not absolute. Furthermore, the Law in issue could be explained by the need to fill the legal vacuum created by the judgments of the Constitutional Court, which had abrogated the laws of the Italian parliament revising the criterion of market value for the calculation of compensation for expropriation that had been laid down in Law no. 2359/1865.

78. The Court reaffirms that while in principle the legislature is not precluded in civil matters from enacting new retrospective provisions to regulate rights arising under existing laws, the principle of the rule of law and the notion of fair trial enshrined in Article 6 preclude any interference by the legislature – other than on compelling grounds of the general interest – with the administration of justice designed to influence the judicial determination of a dispute (see Zielinski and Pradal & Gonzalez and Others v. France [GC], nos. 24846/94 and 34165/96 to 34173/96, § 57, ECHR 1999‑VII; Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece, judgment of 9 December 1994, Series A no. 301‑B; and Papageorgiou v. Greece, judgment of 22 October 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997‑VI).

79. In the instant case the Court considers that, even though the proceedings were not set aside under Law no. 359/1992, the Law in question did influence the judicial determination of the dispute (see Anagnostopoulos and Others v. Greece, no. 39374/98, § 20-21, ECHR 2000‑XI), to which the State was a party. Section 5 bis expressly includes pending proceedings within its scope of application and definitively fixes – retrospectively – the terms of the submissions that can be made to the ordinary courts (see paragraph 52 above). The Court notes that the Reggio di Calabria Court of Appeal and the Court of Cassation did indeed refer to the provisions of the Law in question in support of their decisions. In doing so, they varied – to the detriment of the applicants and retrospectively – the amount of compensation which the applicants could legitimately expect to receive under Law no. 2359/1865 (see paragraphs 17-18 above), which was in force at the time they brought the proceedings for compensation in the domestic courts. Section 5 bis had the effect of depriving the applicants of a substantial portion of the compensation which they could claim (see paragraphs 29, 33 and 34 above).

80. In the Court's opinion, the fact that the domestic courts based themselves on the impugned provision when deciding the issue of compensation for expropriation amounts to interference by the legislature with the judicial process that was designed to influence the determination of the dispute.
There has accordingly been a violation of Article 6 § 1 of the Convention.

III. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 1 OF PROOCOL NO. 1

81. The applicants alleged that there had been a double breach of Article 1 of Protocol No. 1, which provides:
“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”

82. The applicants alleged that they had had to bear a disproportionate burden on account of the inadequate amount of compensation for expropriation.

83. They also complained that section 5 bis of Law no. 359/1992 had been applied retrospectively.

84. It is not disputed that the applicants were deprived of their property in accordance with the law or that the expropriation pursued a legitimate aim in the public interest. Accordingly, it is the second sentence of the first paragraph of Article 1 of Protocol No. 1 which applies in the present case (see Mellacher and Others v. Austria, judgment of 19 December 1989, Series A no. 169, § 42).

A. The amount of compensation awarded to the applicants

85. The applicants pointed out that the compensation they had received amounted to 40% of the value of their property. In their submission, the compensation thus received could not be regarded as bearing a reasonable relationship to the value of the property.

86. In that connection the applicants observed that the compensation they had been paid for the expropriation corresponded to half the market value of the land and that that amount had subsequently been reduced by 20% once tax had been deducted at source pursuant to Law no. 413/1991.

87. The applicants pointed out, moreover, that the further 40% deduction prescribed in section 5 bis for persons who did not accept an offer of compensation had not been applied in their case.

88. The applicants submitted that in the present case there had been no public-interest ground justifying paying them compensation of less than the market value of the land. In that connection they alleged that their land had been expropriated in order to allow a cooperative society to build accommodation there for private individuals, who, in accordance with domestic law (section 20 of Law no. 179/1992), would be free to sell their homes at market value five years later. The expropriation of the applicants' land had therefore benefited private individuals.

89. The applicants observed, lastly, that a long period of time had elapsed between the expropriation of the land and the final determination of the compensation. They pointed out that Reggio di Calabria District Council had not made them an offer of compensation until 1989, six years after the expropriation order, and that the possibility of lodging an objection with the Court of Appeal had been open to them from that date only.

90. In the light of those considerations, the applicants considered that they had borne an excessive burden and asked the Court to find a violation of Article 1 of Protocol No. 1.

91. The Government submitted that the situation complained of was compatible with Article 1 of Protocol No. 1. They observed that in calculating compensation for expropriation, a balance had to be struck between private interests and the general interest. Accordingly, the amount of compensation deemed adequate could be lower than the market value of the land in question, as, indeed, the Constitutional Court had acknowledged (judgments nos. 283 of 16 June 1993, 80 of 7 March 1996, and 148 of 30 April 1999).

92. Relying on the Court's judgments in The Holy Monasteries v. Greece (judgment of 9 December 1994, Series A no. 301-A), Lithgow and Others v. the United Kingdom (judgment of 8 July 1986, Series A no. 102), and James and Others v. the United Kingdom (judgment of 21 February 1986, Series A no. 98), the Government submitted that the present case should be examined in the light of the principle that public-interest grounds (such as economic reform or policies designed to promote social justice) could militate in favour of awarding compensation below the full market value. In the Government's submission, that reflected a political desire to establish a system going beyond traditional nineteenth-century liberalism. The fundamental issue was whether the gap between the market value and the compensation paid was reasonable and justified.

93. The Government submitted that from 1993 onwards the compensation received by the applicants could have been 40% higher if they had accepted the offer made to them by the authorities. They observed that the land's market value had not been excluded from the domestic courts' calculation in accordance with section 5 bis of Law no. 359/1992, but had been adjusted by another criterion, namely, the ground rent calculated on the value entered in the land register.

94. The Government concluded from the foregoing that the system applied in the instant case for calculating the compensation payable for the expropriation was not unreasonable and had not upset the necessary fair balance.

95. As to the time that had elapsed between the expropriation and the payment of compensation, the Government noted that the proceedings in the Reggio di Calabria Court of Appeal had not been instituted until 1990 and contended that the applicants could have brought a civil action from 1983 onwards. That effectively meant that they themselves had contributed to the delay in payment of the compensation. In addition, the Government observed that the damage caused by the passing of time had been made good by the payment of interest.

96. In conclusion, the Government asked the Court to find that there had been no breach of the provision relied on.

97. The Court reiterates that interference with the right to respect for possessions must strike a “fair balance” between the demands of the general interest and the requirements of the protection of the individual's fundamental rights (see Sporrong and Lönnroth v. Sweden, judgment of 23 September 1982, Series A no. 52, § 69). Compensation terms under the relevant legislation are material to the assessment whether the contested measure respects the requisite fair balance and, notably, whether it does not impose a disproportionate burden on the applicants. In this connection, the taking of property without payment of an amount reasonably related to its value will normally constitute a disproportionate interference and a total lack of compensation can be considered justifiable under Article 1 only in exceptional circumstances. Article 1 does not, however, guarantee a right to full compensation in all circumstances, since legitimate objectives of “public interest” may call for less than reimbursement of the full market value (see The Holy Monasteries v. Greece, judgment of 9 December 1994, Series A no. 301-A, §§ 70-71).

98. The Court notes that the applicants received the highest amount of compensation available under section 5 bis of Law no. 359/1992. The further 40% deduction was indeed not applied in this case (see paragraphs 33 and 37 above).

99. The Court also notes that the final amount of compensation was fixed at ITL 82,890 per square metre, whereas the estimated market value of the land was 165,755 per square metre (see paragraphs 29, 33, 34 and 37 above).

100. In addition, that amount was subsequently taxed at a rate of 20% (see paragraph 38 above).

101. Lastly, the Court does not overlook the amount of time that elapsed between the expropriation and the final assessment of the compensation (see paragraphs 14 and 37 above).

102. Having regard to the margin of appreciation Article 1 of Protocol No. 1 affords national authorities, the Court considers that the price paid to the applicants did not bear a reasonable relation to the value of the expropriated property (see Papachelas v. Greece [GC], no. 31423/96, § 49, ECHR 1999‑II, and Platakou v. Greece, no. 38460/97, § 54, ECHR 2001‑I). It follows that the fair balance was upset.

103. Accordingly, there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1.

B. The application of section 5 bis of Law no. 359/1992

104. The applicants also complained about the application to their case of section 5 bis of Law no. 359/1992, which had been passed long after the land had been expropriated. Consequently, the compensation which they could legitimately have expected to receive under Law no. 2359/1865 had been halved.

105. The Government submitted that the retrospective application of the provision in question did not give rise to a problem under Article 1 of Protocol No. 1. They reiterated the arguments submitted in paragraphs 75-77 above.

106. The Court notes that the applicants' complaints in that connection overlap with those raised under Article 6 § 1 of the Convention regarding the fairness of the proceedings. Having regard to the conclusion set out in paragraph 80, it does not consider it necessary to examine them separately under Article 1 of Protocol No. 1.

IV. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

107. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”
A. Pecuniary damage

108. The applicants requested an amount corresponding to the difference between the compensation they would have received under Law no. 2359/1865 and the compensation awarded them under section 5 bis of Law no. 359/1992. That amount came to EUR 123,815.56 in 1983, the year when the property was expropriated. The same amount, plus statutory interest accrued to 2003, came to EUR 405,891.89. When the capital was index-linked and statutory interest added, the amount came to EUR 585,717.09.

109. The applicants also claimed a rebate of the 20% tax which had been deducted at source from the compensation and asked for the amount to be index-linked and the accrued interest paid. That amount came to EUR 125,191.83.

110. The Government expressed no view on this issue.

111. The Court has found that the expropriation of the applicants' property satisfied the condition of lawfulness and was not arbitrary (see paragraph 84 above). The act of the Italian Government which the Court has held to be contrary to the Convention was an expropriation that would have been legitimate but for the failure to pay reasonable compensation (see paragraph 102 above). Nor has the Court concluded that the 20% tax deduction was unlawful as such (see paragraph 100 above), but has taken this factor into consideration in assessing the case. Lastly, the Court has found a violation of the applicants' right to a fair trial on account of the application of section 5 bis to their case.

112. Having regard to those factors, and making its assessment on an equitable basis, the Court considers it reasonable to award the applicants EUR 410,000.

B. Non-pecuniary damage

113. The applicants estimated at EUR 6,000 the compensation for the non-pecuniary damage suffered by each of them on account of the length of the proceedings and at EUR 6,500 the compensation for the non-pecuniary damage arising out of the unfairness of the proceedings and the interference with their right to the peaceful enjoyment of their possessions. In total, the applicants therefore claimed EUR 50,000 for non-pecuniary damage.

114. The Government expressed no view on this issue.

115. Having regard to the circumstances of the case, the Court does not consider that it has sufficient information about the criteria to be applied in assessing the non-pecuniary damage sustained by the applicants. It therefore considers that the question of the application of Article 41 is not ready for decision. Accordingly, it shall be reserved and the subsequent procedure fixed having regard to any agreement which might be reached between the respondent State and the applicants (Rule 75 § 1).

C. Costs and expenses

116. The applicants claimed EUR 17,905.99 for the costs and expenses incurred in the proceedings before the domestic courts, EUR 3,060 of which were for the proceedings brought under the “Pinto” Act. They submitted bills in support of their claim.
Regarding the costs incurred in the proceedings before the Court, the applicants submitted a bill of fees and costs drawn up on the basis of the applicable national rates and claimed reimbursement of EUR 46,207.58, EUR 2,207.58 of which were for costs, plus value-added tax (VAT).

117. The Government did not express a view.

118. The Court considers it necessary to reserve this question and to fix the procedure subsequently.

D. Costs and expenses

119. The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT

1. Dismisses unanimously the Government's preliminary objection;

2. Holds unanimously that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention on account of the length of the proceedings;

3. Holds unanimously that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention on account of the unfairness of the proceedings;

4. Holds unanimously that there has been a violation of Article 1 of Protocol No. 1;

5. Holds unanimously
(a) that the respondent State is to pay the applicants, within three months of the judgment becoming final, in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, the following amounts:
(i) EUR 410,000 (four hundred and ten thousand euros) in respect of pecuniary damage;
(ii) any tax that may be chargeable on the above amount;
(b) that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

6. Holds, by 6 votes to 1, that the question of Article 41 is not ready for decision in respect of the non-pecuniary damage for the violations found and for the costs and expenses incurred before the domestic courts in seeking a remedy for those violations and for the costs incurred in the proceedings before the Court.

7. Dismisses unanimously the remainder of the applicants' claim for just satisfaction.
Done in French, and notified in writing on 29 July 2004, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.
Santiago Quesada Christos Rozakis Deputy Section Registrar President

JUR 2004\223006

2004-07-01T09:21:00.000-07:00

JUR 2004\223006

Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 1154/2003 Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 1 julio

Recurso contencioso-administrativo núm. 1015/1999.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Ponente: Ilmo. Sr. D. Mª Alicia Millán Herrandis

SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Ejecución de los planes de ordenación: programas de actuación urbanística: la adjudicación a un particular de un plan de urbanización que permite a su titular la realización directa de una obra pública, es un contrato de obra: por lo que ha de respetarse en cualquier caso la normativa específica sobre contratación administrativa: régimen aplicable.

Don Carlos José D. y otros promovieron recurso contencioso-administrativo contra Resolución del Ayuntamiento de Paterna de 29-04-1999, por la que se aprueba el PAI del Sector 7, del suelo Urbanizable, del PGOU presentado por «Urbanizadora La Pinada, SL».

El TSJ estima el recurso interpuesto anulando el acto impugnado.

JUR 2004\23101

2004-04-17T15:17:00.000-07:00

JUR 2004\23101

Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 481/2003 Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 17 abril

Recurso contencioso-administrativo núm. 903/2000.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Martínez Marfil

COMUNIDAD VALENCIANA: Suelo y ordenación urbana-urbanismo: programas de actuación integrada: determinaciones: límites: inclusión de solares ya edificados dentro del programa: improcedencia: innecesariedad de actuación urbanística alguna para consolidar el suelo: inclusión improcedente: nulidad procedente.

El TSJ de la Comunidad Valenciana estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de Ontinyent de fecha 30-03-2000, relativo a la aprobación de un Programa de Actuación.

JUR 2004\23050

2004-04-15T15:14:00.000-07:00

JUR 2004\23050

Sentencia Tribunal Superior de Justicia núm. 480/2003 Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), de 15 abril

Recurso contencioso-administrativo núm. 333/2000.

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Ponente: Ilmo. Sr. D. Javier Martínez Marfil

ADMINISTRACION LOCAL: Municipio: régimen de funcionamiento: comisiones informativas: dictamen previo: carácter preceptivo para la validez de los acuerdos del pleno municipal: falta de emisión: vulneración del derecho a participar en asuntos públicos: nulidad procedente.

SUELO Y ORDENACION URBANA-URBANISMO: Ejecución de los planes de ordenación: programas de actuación urbanística: procedimiento: aprobación: nulidad del acuerdo del pleno municipal por falta de los trámites esenciales para su adopción: aprobación improcedente.

El TSJ de la Comunidad Valenciana estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pego de fecha 30-09-1999, relativo a la aprobación de un programa de actuación del PGOU de Pego.